Con total admiración y cariño a las y los maestros.
De acuerdo al censo del INEGI de 2020, en México hay 1’197,778 personas dedicadas a la educación en todos sus niveles. En otras palabras: el 1% de la población del país está conformada por profesoras y profesores.
Las y los profesores no sólo se dedican a dar clases y dejar tareas, sino que tienen funciones extraordinarias que no son ni conocidas ni remuneradas: en muchos casos luchan por la tenencia de la tierra de sus escuelas, acompañan familias y comunidades para acabar con conflictos, construyen nuevas aulas, apoyan y cuidan a niños que han sido víctimas de violencia o abuso. Son pilares fundamentales de sus comunidades y por eso es importante detenernos a revisar cuales son los retos que enfrentan en su trabajo diario a raíz de la pandemia.
Lamentablemente, por años se ha difundido la idea de que los maestros son los responsables del rezago educativo en el país, que les hacían falta más conocimientos y preparación para lograr mejorar el proceso pedagógico. Sin embargo, una visión de este tipo termina por perder de vista dos elementos fundamentales: que el maestro solo es una parte del ciclo educativo y que las condiciones en las que estos enseñan influyen de manera definitiva en sus resultados.
La emergencia educativa que hoy atraviesa nuestro país —de la cual he hablado en entregas anteriores— tiene una complejidad particular, y para analizarla hay que considerar por lo menos dos aspectos fundamentales.
El primero es que la crisis por la que estamos pasando, originada por la pandemia y sus secuelas, es de alcance global y no tiene precedentes. Más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por el cierre presencial de actividades escolares y se estima que esta generación sufrirá en el futuro pérdidas de hasta 17 billones en su ingreso total de vida, lo que representa el 14% del PIB global actual según el último informe de la UNESCO.
A pesar de la magnitud de este problema, menos del 3% del presupuesto para los paquetes de estímulo económico han sido asignado al sector educativo, y en países de ingreso bajo y medio-bajo el porcentaje es menor al 1%. La realidad es que los gobiernos del mundo, incluido el mexicano, no están invirtiendo lo necesario para hacer frente a esta situación crítica. Por lo tanto, si la inversión en atender la emergencia educativa no está a la altura de la necesidad, la responsabilidad no debe recaer en el cuerpo docente, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para cumplir con su labor sin contar con los recursos necesarios para hacerlo.
Un segundo aspecto que no puede ser pasado por alto es que esta crisis no ha afectado por igual a todos los grupos poblacionales. En los países de ingreso bajo-medio el cierre de escuelas duró más tiempo que en países de ingreso alto, además de que sus políticas de respuesta fueron menos efectivas. Por otro lado, el impacto del cierre ha afectado más a las alumnas mujeres que a los hombres, a los alumnos provenientes de hogares con ingresos bajos que a los de ingreso alto, a personas que habitan en zonas rurales que a aquellas que viven en una zona urbanizada, a los estudiantes de escuelas públicas que a los de educación privada, y también se ha observado que mientras menor sea la edad del estudiante, mayor el impacto negativo en su aprendizaje por el cese de actividades presenciales.
El resultado: el rezago educativo ha sido más severo para quienes se encontraban previamente en una situación de desventaja. Se estima que después de la pandemia, la llamada pobreza educativa mundial pasará del 50% antes de la pandemia a 70%. Se ha abierto una brecha educativa que le corresponde a los gobiernos de todos los niveles cerrar.
Mientras atravesamos un reto de estas proporciones, la apuesta no puede ser dejar solas a las maestras y maestros del país. Necesitamos estrategias que tomen en cuenta el rol tan complejo que han jugado y las dificultades que han atravesado, tal como lo han hecho las infancias y los padres de familia. El futuro de una generación depende de que no fallemos en esta tarea.