Hay que decirlo con claridad: en México la política es irresponsable, porque ninguna autoridad asume las consecuencias de lo que pasa en el país. Vemos fiscalías que se acusan entre ellas sobre a cuál le toca investigar un crimen; niveles de gobierno que se lavan las manos ante la violencia en el país; secretarías de Estado que no parecen tener claridad en sus atribuciones. Desgracia tras desgracia, se nos evidencia cómo las carreras de los políticos, son el centro del quehacer público y no la vida ni el bienestar de las personas. El resultado: el Estado se ha quedado corto en la tarea de garantizar los derechos más elementales de las personas, sobre todo de las que se encuentran en las situaciones más vulnerables.
Hace apenas unos días la Fiscalía General de la República concluyó que Ariadna López, encontrada muerta en la carretera México-Cuernavaca a finales del año pasado, fue víctima de un feminicidio. Esta versión contradice lo dicho inicialmente por la Fiscalía del Estado de Morelos, que expuso que murió a causa de una intoxicación etílica, y que inició un periplo de interpretaciones contradictorias entre diferentes agencias de investigación en el país. Lamentablemente el de Ariadna es tan sólo uno de los más de 3 mil 500 feminicidios por año que se han registrado en el país desde 2018, mujeres a las que el Estado debió cuidar.
El incendio en una de las estaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, dejó un saldo de 40 personas migrantes muertas de Centro y Sudamérica. Aún más, entre los fallecidos había quienes tenían los documentos necesarios para demostrar su estancia legal en el país, pero que fueron detenidos por policías municipales o agentes migratorios sin justificación alguna. A esta reclusión injusta siguió una tragedia que es sólo la última prueba de cómo los tres niveles de gobierno se han vuelto incapaces de garantizar los derechos de las personas en situación de migración, ya sea que estén o no bajo su resguardo.
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, México es uno de los países de América Latina que registra más agresiones a las personas pertenecientes a dicha comunidad. Por ejemplo, entre 2014 y 2020 se registraron más de 200 crímenes de odio, de los cuales casi la mitad fueron contra personas trans. Por si fuera poco, denunciar este tipo de agresiones es muy difícil: además de que en las entidades los protocolos para atender las agresiones a la comunidad LGBT+ no funcionan, en muchos casos no hay disposición a ver que el móvil de la violencia fue la orientación o la diversidad sexual de las personas.
Como país también nos persigue la larga sombra de la crisis de las desapariciones. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el año pasado cerró con 109 mil desaparecidos, una cifra inaudita para cualquier país del mundo. Aunque reconozcamos que la creación del Centro Nacional de Identificación Humana es un avance, no es suficiente, mientras los Servicios Médicos Forenses sigan descargando la responsabilidad de la búsqueda e identificación de personas en las familias de las víctimas, no podemos considerar que la autoridad esté haciendo lo necesario.
Las tragedias se suceden unas a otras y hoy vemos un esquema tan lamentable como predecible; las desgracias son tomadas por las autoridades como si de un ataque se tratara; luego, lo que vemos es una réplica oportunista en forma de rasgadura de investiduras por parte de los políticos de oposición; después, el tema se vuelve una confrontación de dimes y diretes de la cual no salen soluciones.
Todo este ruido nos impide escuchar: escuchar a las mujeres, a las personas migrantes, a la comunidad LGBT+, a los familiares de las personas desaparecidas y un largo etcétera que incluye a todas las personas a las que se les debe justicia; el alivio ante la impotencia de algo que no se merecen y que ningún discurso de ningún político va a darles. Estos son temas sobre los que no podemos escatimar la autocrítica sincera. Que la calma de estos días nos permita una reflexión más serena.
“... el Estado se ha quedado corto en la tarea de garantizar los derechos más elementales de las personas, sobre todo de las que se encuentran en las situaciones más vulnerables”
“Las tragedias se suceden unas a otras y hoy vemos un esquema tan lamentable como predecible; las desgracias son tomadas por las autoridades como si de un ataque se tratara...”