La pobreza en nuestro país ha ganado terreno, golpeando más a quien menos tiene. Su aumento quedó retratado en el estudio que presentó Coneval hace casi un mes, el cual toma como base la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2020 del INEGI.
La publicación de este reporte no busca ser un ariete contra quienes toman las decisiones ni una herramienta para quienes no simpatizan con el gobierno, sino que es una evaluación necesaria para recomponer el rumbo y verdaderamente hacerse cargo de la problemática que afecta directamente a poco más de la mitad de la población, pero que nos concierne a todos.
Para detener el avance de la pobreza no bastan las consignas ni los lemas de campaña. La zalamería y autocomplacencia ponen en riesgo la posibilidad de evaluar con seriedad las políticas que podrían sacar de la pobreza a 66.5 millones de personas.
Tampoco caben los reflejos usuales de los partidos en la oposición. Esta emergencia, si bien ha tenido un pico importante durante este sexenio, particularmente posterior a la pandemia, viene construyéndose desde administraciones de todos colores.
No hay espacios para el golpeteo, la mezquindad o la sobresimplificación. Para elaborar una respuesta realmente contundente a este problema es preciso actuar en este momento con algo que le ha faltado a la oposición y al gobierno: apertura, acuerdos, y autocrítica.
En ese sentido, apuntemos que esta administración llegó con un mandato claro, entre otras agendas, de hacerle frente a la desigualdad imperante en México. Por eso, no sorprende que los recursos para lograr dicho objetivo se han cristalizado a través de becas para jóvenes, pensión universal para personas de la tercera edad o apoyos a comunidades rurales, entre otras políticas.
Sin embargo, estos programas sociales han sido insuficientes y en algunos casos están mal direccionados. Si bien la narrativa oficial ha acertado al poner al centro de las prioridades públicas a quienes viven en condiciones de pobreza, lo cierto es que los programas presentan errores en cuanto al diseño o ejecución.
El Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, utilizando como base la misma encuesta del INEGI, ha señalado que mientras “en 2016 el 61% de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales, en 2020 sólo 35% lo eran. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se duplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos”.
Esto significa que los recursos públicos orientados en terminar con la pobreza han terminado en las manos de personas con solvencia económica y que incluso han llegado a las arcas de los más ricos del país.
A la luz de que el sexenio apenas ha pasado el medio tiempo y que en los próximos meses arrancará la discusión presupuestaria para la nación, conviene hacer el tiempo para analizar las políticas contra la pobreza, fortalecer aquellas que vienen funcionando bien, retomar experiencias y desde luego corregir el rumbo.
En próximas entregas abordaré, entre otras temáticas, las escuelas de tiempo completo, la creación de los centros de capacitación tecnológica, así como posibles modificaciones al programa de Sembrando Vida, particularmente con un enfoque urbano. Esto debido a que en cada una de estas políticas podrían existir impactos directos en la población que ha dejado más vulnerable la pandemia.
De nada sirve que los sectores partidistas traten de ocultar los errores o cosechar desgracias. Ambas actitudes nos podrían dejar con una agenda impostergable en la congeladora, un error que el país no puede permitir.