En lugar de tomar la ruta larga, pero más sólida y efectiva, de construir la paz desde las localidades hacia arriba, López Obrador ha tomado la ruta fácil, pero vulnerable, de darle a las Fuerzas Armadas la tarea de la seguridad pública; corporaciones entrenadas para neutralizar a los enemigos del Estado, no para responder ante las causas de la violencia.
No busquemos otros términos. Es militarización: la Secretaría de la Defensa Nacional se encargará del funcionamiento de la Guardia Nacional, incluyendo la formación de sus elementos, la selección de sus mandos, la definición de sus estrategias, el diseño de incentivos y la evaluación de su desempeño conforme a criterios militares.
En contraste, construir policías profesionales en los estados y municipios, recomponer el sistema penitenciario y reformar a los ministerios públicos y fiscalías del país es una ruta de largo aliento que empezaría a dar resultados en la siguiente década. Demasiado lejano para ser redituable políticamente.
Uno de los argumentos para justificar la militarización es evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como ocurrió, según López Obrador, con la Policía Federal. Para ello es necesario que sea vigilada y administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, una institución impoluta según el presidente.
Pero si efectivamente uno de los objetivos es evitar la corrupción, se pueden diseñar los mecanismos de control interno y de supervisión externa para evitar que eso ocurra en la Guardia Nacional. En cambio, se prefiere usar el mismo argumento que con el Aeropuerto de Texcoco: como había corrupción se cancela el proyecto.
Otro argumento de López Obrador es que el pueblo tiene confianza en las Fuerzas Armadas. Según Mitofsky, el 55.3% de la gente quería en agosto de 2022 que la Guardia Nacional pase a controles militares.
Pero en lugar de colgarse de la credibilidad de las Fuerzas Armadas, más convendría generar confianza en las policías a partir de su profesionalización. Experiencias nacionales e internacionales muestran que la reforma de la policía municipal también es una vía posible para construir localidades seguras. Además, la confianza de la cual hoy gozan las Fuerzas Armadas se puede diluir una vez que sean las únicas responsables de la seguridad pública del país.
Pero acaso lo más preocupante de la propuesta del presidente López Obrador es que centraliza la responsabilidad para construir la paz y combatir la inseguridad. A partir de ahora los pocos recursos o estímulos que tenían los gobiernos locales de ser corresponsables en materia de seguridad pública se diluirán aún más.
Muchos gobernadores y alcaldes dudan si vale la pena profesionalizar sus policías estatales o municipales cuando el gobierno federal ha disminuido las transferencias de apoyo. En el presupuesto de 2021, por ejemplo, se eliminó el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), un fondo de cerca de cuatro mil millones de pesos que se destinaba a cerca de 300 municipios prioritarios para tareas de profesionalización y equipamiento de cuerpos policiales.
El proceso de centralización que el país ha vivido en diversos temas, como el electoral, el de transparencia y el fiscal, está destruyendo la beta de corresponsabilidad del federalismo mexicano. Cada vez más la Federación se hace cargo de un sinnúmero de responsabilidades, dejando a los gobernadores y a los alcaldes en una posición de segundo nivel en cuanto a cumplir las necesidades básicas de la población.
La seguridad pública es la responsabilidad primicia del Estado y de los gobiernos. Una vez que ésta recaiga completamente sobre las Fuerzas Armadas, habrá una destrucción mayor del sistema de responsabilidad política de los gobiernos locales. No esperemos una reducción sustantiva y sostenida de la incidencia delictiva en los próximos años, pues se ha optado por la salida fácil.
Muchos gobernadores y alcaldes dudan si vale la pena profesionalizar sus policías estatales o municipales.