La semana pasada comparecieron en el Senado 23 aspirantes a Fiscal Anticorrupción. Fui integrante de un Comité de Acompañamiento Ciudadano para evaluar los perfiles y ayer entregamos nuestra recomendación de cuatro personas que cuentan con la experiencia, los conocimientos, la visión, los valores y el liderazgo para encabezar el cargo.
El nombramiento debió hacerse desde 2014, año en que se aprobó la reforma política que dio lugar a la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Mientras no haya fiscal no hay Fiscalía y aunque el nombramiento tendrá vigencia por tan solo 18 meses (concluye en noviembre de 2018), el nuevo fiscal puede sentar las bases de una fiscalía moderna, profesional y con recursos presupuestarios y humanos suficientes y de calidad.
Aunque se ha cuestionado que el fiscal anticorrupción carecerá de la autonomía suficiente para realizar su función sin interferencia política, se trata de un paso adelante respecto a la forma como la Procuraduría General de la República atiende actualmente las denuncias de actos de corrupción. Con una agenda de asuntos abultada y que incluyen asuntos de delincuencia organizada y persecución de delitos de narcotráfico, con frecuencia los casos de corrupción política pasan a segundo plano, salvo en situaciones límite y escandalosas como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La corrupción de servidores públicos se investiga a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR, que solo cuenta con 41 agentes del ministerio público y 108 servidores públicos que componen el personal de apoyo sustantivo en esa dependencia.
Esos recursos son muy limitados para atender cientos de denuncias de hechos. Tan solo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado más de 700 en los últimos años, la mayoría de las cuales no han sido desahogadas. Por años, por ejemplo, ha señalado las irregularidades de muchos gobiernos estatales, notablemente Veracruz. Si la PGR hubiese actuado con oportunidad, el caso Duarte pudo haberse acotado, igual que el de otros gobernadores.
Por ello un desafío del nuevo fiscal anticorrupción debe ser atender los asuntos pendientes, pero dedicar una porción significativa de su tiempo en construir el andamiaje organizacional, presupuestario y de procesos de una fiscalía autónoma y con personal capacitado para combatir con efectividad la corrupción.
Es cierto que el mayor obstáculo para combatir la corrupción ha sido político: los bloqueos para sancionar a servidores públicos por razones de amistad, complicidad o simplemente por falta de interés; pero si esa voluntad cambia con las nuevas reglas, el problema ahora será la falta de capacidad para atender tantas denuncias rezagadas.
Algunos legisladores y opinadores han sugerido posponer nuevamente el nombramiento en tanto no se reforme la Constitución para darle plena autonomía a la nueva Fiscalía. (A partir de diciembre de 2018, el Fiscal Anticorrupción podrá ser nombrado y removido por el Fiscal General de la República, cuyo nombramiento y remoción, a su vez, podrán ser objetados por el Senado).
Sería deseable que el Fiscal Anticorrupción cuente con mayor protección frente a la presión política y que no pueda ser removido por el Fiscal General de la República. Pero mientras se logra esa reforma es urgente que haya un responsable que dé cauce a los asuntos pendientes y construya una fiscalía moderna, funcional y con mayores recursos.
El 4 de abril es la primera reunión del Comité Coordinador del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy importante que en esa ocasión, junto con los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Consejo de la Judicatura Federal, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, pueda ocupar su asiento el nuevo Fiscal Anticorrupción. No hay razón legal, ni política ni de otra índole para posponer nuevamente el nombramiento de tan importante cargo.