Ahora resulta que, de acuerdo con lo señalado por el presidente López Obrador, el gobierno federal le presentará al Instituto Nacional Electoral (INE) un proyecto de reducción de su presupuesto para que pueda realizarse la consulta popular por la revocación de mandato, sin que tengan que entregársele más recursos.
AMLO precisó que, aunque ese proyecto no sea obligatorio para el INE, quiere hacerlo público para mostrar las “extravagancias” que tiene el gasto del Instituto.
Más allá de lo que pase con el asunto específico de la consulta por la revocación, es claro que este contraste va a ser uno más de los capítulos de la ofensiva de AMLO en contra del INE, del intento de desacreditar a esta institución.
¿Por qué la obstinación del presidente de la República en golpear a la autoridad electoral?
La razón es que su existencia puede ser uno de los mayores obstáculos para la continuidad del proyecto presidencial.
Pero hagamos un poco de historia.
La democracia mexicana, tal y como hoy la conocemos, tuvo en el surgimiento del INE ciudadanizado uno de sus pilares fundamentales.
Nos hemos acostumbrado en tal forma a su existencia que a veces ya no dimensionamos la magnitud del cambio que significó la creación del Instituto.
La posibilidad de que una autoridad diferente a la federal organizara los procesos electorales fue clave para asegurar la alternancia y eliminar el monopolio del poder presidencial por parte del PRI, que duró más de 70 años.
Y no es que se quiera la alternancia por ella misma, sino por la posibilidad de que los ciudadanos puedan decidir que una fuerza política distinta a la que controla el Ejecutivo o el Legislativo, pueda llegar al poder y de esa manera se evite que eternice en el poder un grupo.
El INE (antes IFE) organizó ya cinco elecciones presidenciales. En tres de ellas hubo alternancia en el Poder Ejecutivo.
A nivel estatal, se ha presentado alternancia en 28 entidades de la República en las elecciones de gobernador o Jefe de Gobierno.
La autonomía del INE, así como su estructura institucional han sido fundamentales para asegurar las alternancias.
El debilitamiento de la autoridad electoral, con el pretexto de que gasta mucho dinero, es la premisa para debilitar la posibilidad de la alternancia.
El escenario óptimo para el presidente de la República es la realización de una reforma electoral que modifique sustancialmente al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como quien dice, para “destriparlos”.
Sabe, sin embargo, que en la medida que para hacerlo se requieren reformas constitucionales y que Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada en las cámaras del Congreso, podría no ser factible la aprobación de una reforma como la quiere el presidente.
Si no se hace la reforma, entonces adquiere una mayor prioridad el debilitamiento del INE y del TEPJF, con objeto de que tengan menores márgenes de maniobra para tomar sus decisiones.
En abril del próximo año habrán de renovarse cuatro consejeros, entre ellos, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que son los más aborrecidos por Morena y el presidente.
Pero, el nombramiento de los nuevos consejeros y del presidente del INE requieren mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Para poder obtenerla sería crucial obtener un resultado claramente favorable en los procesos electorales de este año, así como en la eventual consulta por la revocación.
Y para conseguirlo, el INE encabezado por Córdova puede ser una presencia muy molesta.
Es claro que el INE es una institución totalmente perfectible, que se puede mejorar. Pero una cosa es eso y otra muy diferente ir en contra de su esencia.
El presidente no entiende la democracia electoral como la entendemos muchos.
Para él, democracia es que ese ente amorfo que es “el pueblo” esté representado.
Y su percepción es que solo él y su movimiento representan al pueblo.
Así que, la mera posibilidad de que Morena pierda es vista por él como una amenaza a la “democracia”, tal y como la concibe.
Por eso, seguiremos viendo la ofensiva en contra del INE.