Es cierto lo que ayer dijo el presidente López Obrador, la inflación en México, de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor, es de 7.65 por ciento frente al 8.5 por ciento que hay en Estados Unidos. Son poco más de 8 décimas menos.
La diferencia fundamental entre ambos países radica en el incremento de los precios de los combustibles.
En México, la gasolina de bajo octanaje, la que conocemos como Magna o regular, se incrementó en los últimos 12 meses en 6.81 por ciento.
En contraste, en Estados Unidos el incremento promedio de las gasolinas en el último año fue de 48.7 por ciento.
La razón de este incremento diferenciado es el subsidio que el gobierno mexicano ha aplicado a las gasolinas.
Considerando tanto el IEPS, que no se ha cobrado, o las transferencias que se han hecho y también el IVA no generado, se estima que este año habrá un subsidio anual del orden de 400 mil millones de pesos.
Hay un debate entre expertos a propósito de si este subsidio se justifica para tener una inflación ligeramente menor.
A mí me parece que este subsidio es profundamente inequitativo, digno del gobierno más conservador.
Hay un costo evidente y es la pérdida de esos ingresos, que pueden tener un impacto relevante en la disponibilidad de recursos públicos.
El tema de fondo es el tipo de cuestiones que López Obrador no quiere discutir.
Supongamos que el gobierno decide asignar a un programa un monto de 400 mil millones de pesos por arriba de lo asignado, ¿cuál sería el mejor destino de estos recursos en términos de equidad?, ¿cuál el impacto más productivo en cuanto al crecimiento de la economía?
No es ningún secreto que en México y en países en los que hay una distribución del ingreso altamente desigual, un subsidio generalizado a las gasolinas es profundamente inequitativo, como lo son muchos subsidios al consumo que sean generalizados.
Es de sentido común que los sectores de más altos ingresos son los principales consumidores de gasolinas y si hay un subsidio a este producto, son ellos sus principales receptores.
El argumento de que también el transporte público y otros tipos de servicios que son de consumo generalizado se verían afectados con un aumento de los combustibles, se puede enfrentar con una política de subsidios focalizados.
No dar subsidio a todos sino al transporte público o a segmentos como el transporte de perecederos o bienes básicos sería una de las opciones elementales, con un costo muchas veces menor.
Es increíble que un gobierno como el de López Obrador, que presume estar orientado a la justicia distributiva, fomente, en el caso de las gasolinas, un esquema en el que el gobierno promueve la desigualdad.
La única explicación a esta irracionalidad económica es de carácter político.
Hay prejuicios personales de López Obrador que juegan en su contra.
En el ánimo de no generar opinión contraria, AMLO ha sacrificado recursos que podrían haber servido para apoyar a los sectores de menores ingresos.
Igual fue en el caso de la reforma fiscal. Si hubiera existido disposición para emprenderla, quizás en lugar de la pobreza franciscana que ya viene, existiría la dignidad republicana en los servicios públicos.
Pero, no. El Jefe no quería un alza de impuestos, así que, ni modo, había que sacrificar los servicios, incluso hasta los que llegan a los más pobres.
Tengo la certeza de que si López Obrador no hubiera operado sobre la base de prejuicios como los mencionados, tendría un respaldo superior al 70 por ciento.
Sus prejuicios y los perjuicios que ellos implican en los sectores de menores ingresos van a jugar en su contra y no será nada sencillo volver a convencer a los electores de votar por los candidatos de su partido en 2024.