La vida de las empresas en el 2020 estará marcada por luchas sindicales nunca vistas en el país: 500 mil contratos colectivos de trabajo serán un botín millonario muy apetitoso para los viejos y nuevos sindicatos.
Continuarán los enfrentamientos entre Napoleón Gómez Urrutia y Luisa María Alcalde por el control de la política laboral del país, y los ojos de Estados Unidos estarán puestos sobre la democracia sindical de las empresas en México.
Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo gestadas en los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña y aterrizadas por la 4T van a desencadenar una lucha encarnizada.
En el epicentro la titularidad y legitimidad de esos contratos colectivos de trabajo, el control político en los estados y los recursos de empresas nacionales y multinacionales, sobre todo las que están en la industria automotriz de exportación.
Napito es un actor político relevante que pretende incidir en la política laboral mexicana desde el Senado, con su sindicato minero, pero sobre todo presionar con sus socios sindicalistas de Estados Unidos y Canadá.
Su apuesta es utilizar al máximo al T-MEC y el supuesto apoyo de gobierno para controlar el nuevo sindicalismo. Pero el Waterloo de Napoleón es su ambición de poder y de dinero.
En menos de un año logró dividir a los senadores de Morena, de modo que el líder, Ricardo Monreal, tuvo que dar un manotazo y pararlo en seco por el controvertido intento de criminalizar el outsourcing.
Su iniciativa en materia de subcontratación hoy fue enviada a la congeladora y está próxima a ser disminuida en un Parlamento Abierto a celebrarse en febrero próximo.
La secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, está en contra de esa iniciativa y más bien propone aplicar las leyes que existen y no crear nuevas.
Napoleón intentó desplazar a Alcalde ante los congresistas estadounidenses, pero el negociador del T-MEC, Jesús Seade, la reintegró como una interlocutora importante ante el negociador Robert Lighthizer y el gobierno de Donald Trump.
El senador de Morena no ha superado sus enfrentamientos con el Consejo Mexicano de Negocios, que comanda Antonio del Valle Perochena, ni con el Consejo Coordinador Empresarial, que capitanea Carlos Salazar.
Pero Napito no es querido por los empresarios mineros, léase Germán Larrea de Grupo México, Carlos Slim de Frisco, Alonso Ancira de AHMSA y Alberto Bailléres de Peñoles, ni por casi todos los miembros de la Cámara Minera.
En el gobierno de Morena hay quienes ven a Napoleón como un Caballo de Troya de los intereses de su amigo Richard Trumka, dirigente de la AFL-CIO, así como de los sindicatos canadienses.
Lo ven como el representante del sindicalismo norteamericano, más no mexicano, que tiene puesta la mira en los sindicatos de las armadoras de la industria automotriz de exportación.
Los empresarios, dirigentes sindicales de la CTM y de otras centrales cercanas al Congreso del Trabajo y legisladores de oposición, opinan que no es un dirigente sindical honesto, demócrata y defensor de los intereses mineros mexicanos.
Ciertamente México tuvo que ceder en el último momento aspectos del T-MEC porque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urgía que Estados Unidos lo ratificara. Pero de eso a que la 4T esté cediendo la soberanía y que el subsecretario Jesús Seade termine su carrera como un “vende patrias”, cuesta mucho trabajo creerlo. El mismo viernes Seade envió a su contraparte, Robert Lighthizer, una carta de extrañamiento en la que le reprocha la iniciativa de ley H.R. 5430 que habilitaría inspectores. “Es preocupante que se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes. Los títulos de la iniciativa contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalles con México, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación, y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado”. La grilla la está generando Donald Trump en el contexto del impeachment. La realidad es que no hay sustento legal para que Estados Unidos ponga inspectores laborales en su embajada. Podrán estar ahí, pero no tienen facultades para ir a las plantas o empresas.
Esta semana debe designarse al nuevo Jefe del SAT. Una verdadera lucha de poderes se vive entre el llamado “Grupo Tabasco” y el denominado “Grupo Centro”. El primero empuja a Rosalinda López, la actual Administradora General de Auditoría Fiscal, hermana del gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, y esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. En ese mismo grupo también figura Humberto Mayans, actualmente consejero de Pemex y cuñado del Jefe del Ejecutivo tabasqueño. Como líder moral de ellos emerge el notario Payambé López Falconi, padre de Rosalinda y Adán, fiel acompañante de las causas de Andrés Manuel López Obrador. Pero el Grupo Centro, donde figuran Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Julio Scherer y Alfonso Romo traen a sus propios gallos. Uno se lo mencionamos el viernes: Rafael Espino, quien ya fue procurador fiscal en el entonces DF entre 2007 y 2008. Y el otro es el actual Procurador Fiscal Federal, Carlos Romero, quien dicho sea de paso, fue subalterno de Espino y socio de él en un despacho independiente. ¿Quiénes ganarán en esta lucha de fuerzas?
¿Qué pensarán los cuasi nuevos dueños de Red de Carreteras de Occidentes (RCO) del accionar de su CEO, Demetrio Sodi Cortés? Y es que seguramente Abertis y el fondo soberano de Singapur, GIC, desconocen los arreglos que su directivo anda haciendo con un político de poca solvencia, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. El ejecutivo quiere despojar de la concesión del Libramiento Carretero Poniente a la empresa Concesionaria de Autopistas, bajo argumentos falaces y entregarla en fast track a la influyente RCO, todavía propiedad de Goldman Sachs. Orozco está armando un proceso licitatorio al vapor y a modo para la compañía que dirige Sodi, contraviniendo las leyes y tras de que el actual titular se negara a ceder el libramiento. Amenazó con rescindirlo y arrancó este mes la dizque licitación. El 4 de enero va recibir ofertas y el fallo será en febrero. Pero va dirigida a RCO. Ya le contaremos más detalles de las tropelías del panista.
El expresidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, Joaquín González Castro, fue designado por el Congreso del Estado Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
En terna presentada por el gobernador Carlos Joaquín, el abogado González Castro, también ex senador de la República, recibió el apoyo de todos los partidos políticos donde la coalición mayoritaria es de Morena. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Justicia el ahora Consejero afirmó: “Ante la diversidad de pensamientos en el Congreso, deben alcanzarse entendimientos para avanzar; la pluralidad de ideas no debe caer en enfrentamientos estériles y menos en retroceso”.
Hoy en la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará un incremento de aproximadamente 20% al salario mínimo, el cual pasará de 102.68 a 123 pesos.