La esperada relatoría sobre lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado, finalmente se dio a conocer. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, mostró la manera como antes de que capturaran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional estaban derrotados.
La descripción de cómo fueron sucediendo los eventos aquella tarde, son la radiografía de un gobierno incapaz, estratégica, táctica y operativamente en materia de seguridad, y que, ante el chantaje de criminales, tira la toalla. Las fuerzas federales tienen más capacidad de fuerza que los criminales, dijo bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien precisó que no la usaron porque eso habría significado iniciar una lucha armada que habría cobrado muchas vidas de civiles. Sin embargo, la justificación del momento esconde el sofisma gubernamental.
La línea de tiempo no refleja una “acción precipitada”, como desde el día 18 el general Sandoval reconoció, sino la incompetencia de quien diseñó la operación y la falta de conocimiento de campo y de información de todos aquellos que la aprobaron en el gabinete de seguridad.
El arquitecto del culiacanazo no apareció en la conferencia de prensa donde se reconstruyó la ruta de la derrota de las instituciones, que fue el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, bajo las órdenes formales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero en realidad al servicio del general Sandoval. Tampoco estuvo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, responsable de la información sobre la capacidad de fuego y organización del Cártel de Sinaloa, que humilló en cuatro horas al gobierno federal.
En la reconstrucción por horas y minutos del culiacanazo, el general Sandoval detalló con candidez –en política eso no significa transparencia– la forma como los perímetros de seguridad nunca pudieron ser sellados, porque la velocidad con la que las células del Cártel de Sinaloa actuaron para ganarles las posiciones en las calles, esquinas, puentes estratégicos y los accesos a la capital, fue más eficiente que la planeación realizada por el general Rodríguez Bucio. Según el general Sandoval, al no tomar sus posiciones los militares para impedir el rescate de Guzmán López, el plan de extracción no fructificó.
Las imágenes que dio a conocer el general desnudan el desastre de la operación. Desperdiciaron el factor de la sorpresa, por la torpeza en la operación de campo y porque la orden de cateo que presumiblemente debió haber pedido la Fiscalía General –este dato es fundamental para entender la derrota de ese día– nunca llegó.
Quienes intervinieron en la detención de Guzmán López no la consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la doctrina de abrazos no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el general Sandoval– a sus hermanos (principalmente a Iván Archivaldo) a que dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Como cualquier persona podría imaginarse, eso nunca sucedió, sino que escalaron las amenazas y ataques. Esas imágenes, acompañadas de la narrativa militar, probablemente arrancarán sorpresa y sorna entre los cuerpos especiales altamente entrenados para operaciones contra objetivos de alto impacto, en México y en el extranjero.
La destrucción de la operación diseñada por el general Rodríguez Bucio, ejecutada en campo por Carlos Alberto Flores –fichado por el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, para ser su próximo secretario de Seguridad–, quien tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a Guzmán López desde una semana antes, fue apreciada en la relatoría del secretario de la Defensa en los videos que difundió, donde se puede ver con claridad la manera como actuaron las células del Cártel de Sinaloa, doblegándolos; la forma como tomaron Culiacán en sus manos, y la manera como fueron arrinconándolos y dejándolos aislados de cualquier refuerzo federal en apoyo. Estos refuerzos ni siquiera se atrevieron a tratar de recuperar el control de las casetas de peaje fuera de Culiacán, ante lo que han dicho superioridad numérica del adversario.
La relatoría del general secretario aporta más información, perturbadora. Por voz de él se sabe que fue ejecutada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN), sin mencionar que operaron de la mano del general Rodríguez Bucio. El problema es que legalmente el GAIN no podía actuar como la fuerza central en la operación, porque no puede perseguir a presuntos delincuentes civiles. Sus atribuciones solamente les permiten actuar como auxiliar de los fiscales o ministerios públicos federales. Es decir, si no fueron ellos quienes eran los responsables máximos de la operación, adicionalmente a las fallas tácticas en las que incurrieron, violaron la ley. El general Sandoval no mencionó la presencia de miembros de la Fiscalía General.
La fallida operación duró cuatro horas, como se adelantó en este espacio el lunes pasado, y nunca llegó la orden de cateo ni el apoyo militar para la extracción de Guzmán López.
La decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de liberar al hijo de El Chapo Guzmán, fue correcta en ese momento. Lo incorrecto no está en esas cuatro horas, sino en la planeación que obligó a esa decisión, y en la falta de visión estratégica, política y jurídica para iniciar la persecución de su objetivo de manera inmediata, para su pronta recaptura. Reducir a un “error táctico” lo que sucedió en el culiacanazo, como dijo Durazo, es inadmisible.
La humillación al Estado mexicano –porque no fue sólo al presidente o al gobierno– no puede limitarse a la frivolidad política de disfrazar la profundidad de la derrota a un pie de página en la historia de este país.