Nicaragua liberó a más de 200 personas presas consideradas por muchos como opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega y los mandó en un avión con rumbo a Estados Unidos, en lo que Washington dice abre la puerta para un mayor diálogo entre ambos gobiernos sobre temas que preocupan en la nación centroamericana.
En una declaración pública, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, saludó la excarcelación de las 222 personas y destacó que el acontecimiento “es producto de una diplomacia estadounidense concertada”.
El hecho “supone un paso constructivo para hacer frente a los abusos de los derechos humanos” en Nicaragua, indicó Blinken, mientras que el avión con los excarcelados arribaba a la capital estadounidense.
Refirió que entre los liberados figuran dirigentes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes, a los que Estados Unidos “facilitó su transporte seguro” al Aeropuerto Internacional Dulles y les está “proporcionando apoyo médico y legal".
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo posteriormente a periodistas en Washington que el gobierno nicaragüense identificó a 224 personas para enviarlas en el avión, pero que dos de ellas se negaron, sin mencionarlas.
Sin identificar a ninguno por su nombre, Price señaló que los 222 que llegaron a Dulles fueron alojados en hoteles y otros lugares y están bajo la responsabilidad de las autoridades estadounidenses.
Destacó que la liberación fue “un paso en la dirección correcta para el pueblo de Nicaragua” y que Estados Unidos espera “que sea un presagio de pasos adicionales por venir”.
Ortega ha dicho que los opositores encarcelados y otros estuvieron detrás de las protestas callejeras de 2018 que, según el gobernante, fueron un complot para derrocarlo. Decenas de miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad nicaragüenses reprimieron violentamente esas protestas antigubernamentales.
El gobierno nicaragüense no se refirió de inmediato a las excarcelaciones. Octavio Rothschuh, magistrado de la Corte de Apelaciones de Managua, dijo el jueves a la prensa que las 222 personas fueron deportadas bajo una orden emitida el miércoles que declaraba a los presos “traidores a la patria” e “incitadores a la violencia”.
En tanto, el Parlamento, en control del oficialismo, aprobó en la misma jornada una reforma de ley para retirarle la nacionalidad a los excarcelados.
Wilma Núñez, presidenta del Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, dijo en un comunicado que si bien la liberación de los presos es bienvenida, “la deportación es un término legal que se aplica a los extranjeros que delinquen en un país. Quieren llamar deportación al exilio, lo cual es absolutamente arbitrario y está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos”.
La periodista Berta Valle, esposa del excandidato presidencial opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le confirmó que su marido estaba entre los excarcelados.
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), una de las organizaciones importantes surgidas tras las protestas de 2018, confirmó de su parte en un comunicado la excarcelación de los líderes estudiantiles Lesther Alemán, Max Jerez, Mildred Rayo y Miguel Flores. “Nuestros amigos han sido liberados. Fueron desterrados por la dictadura sandinista hacia Estados Unidos”, agregó.
El grupo independiente Mecanismo para el Renocimiento de Personas Presas Políticas reportó que faltan 39 que no fueron excarceladas y deportadas, entre ellos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez y el sacerdote Leonardo Urbina, así como activistas detenidos en los últimos años, algunos de ellos acusados por delitos comunes.
El obispo Álvarez fue acusado por “conspiración” y “propagación de noticias falsas” y la fiscalía pidió una pena de 10 años de cárcel. Se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua y su sentencia definitiva se espera para los proximos días.
A principios de 2021, Ortega intensificó la persecución de sus oponentes políticos con el fin de despejar el terreno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de ese año. La policía detuvo a siete posibles aspirantes a la presidencia y Ortega logró un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones que Estados Unidos y otros países calificaron de “farsa”.
Los jueces nicaragüenses condenaron a penas de prisión por “conspiración para atentar contra la integridad nacional” a varios líderes de la oposición, entre ellos ex altos cargos del movimiento sandinista gobernante y antiguos aspirantes a la presidencia.
Hugo Torres, antigüo líder guerrillero sandinista que en su día dirigió una acción armada que ayudó a liberar de la cárcel a Ortega, murió en prisión el 14 de febrero de 2022 mientras esperaba el juicio. Tenía 73 años.
Los jueces nicaragüenses también condenaron esta semana a prisión a cinco sacerdotes católicos por conspiración y difusión de información falsa. No se supo de inmediato si alguno de ellos estaba entre los liberados.