Un accidente automovilístico que provocó la muerte de al menos 54 migrantes centroamericanos que viajaban ilegalmente en un tráiler puso foco, una vez más, en el fenómeno migrante entre Centroamérica, México y Estados Unidos.
Todos transitan en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, empleos, refugio y seguridad, viajan en caravanas o de manera individual y según las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas, Estados Unidos es el destino principal para los migrantes centroamericanos, con 3.8 millones de ellos hasta 2019.
Asimismo, se estima que alrededor del 15 por ciento, se establecen en otros países latinoamericanos, principalmente México.
De acuerdo con la ONU, además de los motivos económicos, otros de los factores que motivan la migración es el deseo de reunificarse con familiares que emigraron en periodos anteriores; además de huir de la violencia sistemática, los conflictos civiles, la pobreza y el narcotráfico.
Se estima que El Salvador, Guatemala y Honduras son los principales países centroamericanos que expulsan la mayor cantidad de migrantes hacia los Estados Unidos.
Sin embargo, el paso por México no hace las cosas más fáciles. Un ejemplo fue el accidente en Chiapas, pero no es el único tipo de riesgos. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que en la última década más de 70 mil migrantes fueron traficados o secuestrados en México.
Las entidades con más casos son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas; mientras las personas más afectadas son originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
En su reporte, la CNDH reconoció que en México no existe un protocolo para otorgar medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas pues también enfrentan extorsiones, robos y agresiones sexuales.
Las desigualdades no paran ahí, de acuerdo con un informe de la Unidad de Política Migratoria de la secretaría de Gobernación de México publicado en 2019, el pago promedio para traficar a una persona desde El Salvador, Honduras o Guatemala, a través de México y con destino a Estados Unidos, rondó en los 5,862 dólares (117 mil pesos aproximadamente), mientras que los mexicanos pagaron unos 4,559 (91 mil pesos) para ingresar de forma indocumentada.
PROGRAMA QUÉDATE EN MÉXICO
Las políticas migratorias en Estados Unidos históricamente han sido restrictivas: persecuciones policiales, separación de familias, deportaciones violentas y el muro del expresidente Donald Trump han sido algunas de las expresiones más cruentas.
El actual gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y de Andrés Manuel López Obrador en México han acordado cambiar los protocolos de atención, incluso AMLO ha sugerido la regularización de millones de migrantes para evitar que vivan huyendo.
Sin embargo, una sentencia de la justicia estadounidense ordenó reactivar un programa para el “control” de la migración puesto en marcha por Donald Trump entre 2018 y 2018, y que ha sido calificado de “aberrante” por organizaciones de protección a los derechos humanos, pues en su primera fase devolvió a más de 70 mil personas y apenas alrededor del 1% logró una respuesta positiva al asilo... el resto continúa en la frontera.
El Protocolo de Protección al Migrante, como es nombrado formalmente el programa, obliga a que los miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos deban esperar respuesta en siete ciudades de la frontera del lado mexicano, lo que implica que miles de personas serán retornadas en lo que se resuelve su petición.
Dicho acuerdo ocurre luego de que México batiera récord en peticiones de asilo en su territorio, en detenciones de migrantes, con una caravana que avanza por todo el país y con históricos niveles de violencia.
Las letras chiquitas, dicen organizaciones de derechos humanos, es que aunque fue una orden de la Corte, ambos gobiernos actuales tienen responsabilidades pues, por un lado, EU “libra” un problema sin que haya sido una decisión de Biden; mientras que México no ha asumido su rol, pues el acuerdo indica que para recibir a los migrantes deben existir las condiciones de atención, lo cual no está ocurriendo.
Entre los compromisos de “mejora” destacan que EU deberá resolver la mayoría de los casos en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las "personas particularmente vulnerables" no sean inscritas en el programa.
También prometieron que en México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios.
Al respecto, la Organización Internacional para Migraciones (OIM) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), exigió a EU poner fin al programa por ser inhumano y contrario al derecho internacional; mientras que Human Rights Watch (HRW) calificó de "aberración" la reactivación del programa por los abusos que históricamente se han cometido.
Este jueves 9 de diciembre fueron retornados los primeros seis migrantes a Ciudad Juárez que serán ubicados en el albergue Leona Vicario, del gobierno federal. De acuerdo con Santiago González, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Migración, en los próximos días estiman recibir grupos de hasta 35 personas, pero en dicha ciudad la capacidad de los albergues es de alrededor de 120 personas debido a la ocupación con la que ya cuentan.
SIN ESPACIOS PARA MIGRANTES: ALBERGUES
A través de una carta, albergues ubicados en el centro del país que reciben de paso a migrantes, principalmente centroamericanos, solicitaron ayuda a autoridades, pues su infraestructura y espacio se han visto rebasados.
Explicaron que a pesar de la pandemia, continuaron dando atención a la población en movilidad que atraviesa al país en su camino a Estados Unidos que aunque no se ha dado en forma masiva como en 2018 y 2019, sí ha llegado en forma constante.
En el Centro del país, las organizaciones han recibido más del 200% de su capacidad, por lo que han tenido que abrir nuevos espacios en instituciones religiosas, pagar alojamiento en habitaciones de hotel y hacer alianzas con instituciones que atienden agendas LGBTTTIQ+, refugios para mujeres y para personas con problemas de adicciones.
“Desde el pasado 22 de noviembre comenzamos a recibir flujos que se desprendieron de la Caravana que se conformó en Tapachula, Chiapas en grupos de entre 30 y 40 de personas diarias, la mayoría son familias con necesidades de atención médica. Incluso los flujos cambiaron y la CDMX ha pasado de ser una ciudad de tránsito a ser de destino de personas migrantes y refugiadas”, indicaron.
Por ello, hicieron un llamado de emergencia a las autoridades gubernamentales, debido a que seguirán llegando migrantes y solicitaron la instalación de un albergue permanente de primera acogida que facilite la atención y permita reducir la presión que hay en los albergues.