Tras dar positivo a COVID-19, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal de control, difirió, por cuarta ocasión, la audiencia de imputación al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, que se tenía prevista para mañana.
La nueva fecha de la sesión es el 14 de febrero próximo, para la cual se mantiene el apercibimiento de que, si Anaya no se presenta, le dictarán medidas cautelares, muy probablemente la orden de aprehensión en su contra.
En dicha audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Anaya por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa derivado del caso Odebrecht.
Y es que en la denuncia penal que presentó en agosto de 2020 Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusó a Anaya de que como diputado del PAN le entregó la cantidad de 6.8 millones de pesos.
Dijo que ese dinero provenía de la empresa brasileña Odebrecht y era parte de los sobornos que entregó a diversos legisladores para aprobar la reforma energética que en 2014 impulsó el presidente Enrique Peña Nieto.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) hay “una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.
Emilio Lozoya señaló que el soborno a Anaya lo entregó en agosto de 2014. Sin embargo, para entonces ya habían pasado ocho meses de la aprobación de la reforma energética y cinco de que Ricardo Anaya dejó de ser diputado.
“Habría sido el soborno más estúpido de la historia… o compraron el voto de alguien que no tenía voto, o pagaron por un voto que emití meses antes”, dijo Anaya en entrevista con un diario estadounidense.
Originalmente la audiencia estaba programada para el 26 de agosto y luego se pasó para el 4 de octubre y de ahí al 8 de noviembre.
Ese día, el juez Fuerte Tapia otorgó una tercera prórroga a Anaya para que pudieran revisar la carpeta de investigación con más de 137 mil fojas para lo cual, dijo su abogado, necesitarían al menos de 284 días con lectura de 8 horas diarias.
Hasta ahora la FGR no ha podido hacer la imputación y se espera que ello ocurra el 14 de febrero próximo.