La Suprema Corte determinará esta semana si permite o no al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, apelar la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso en septiembre de 2018.
Duarte de Ochoa busca que se disminuya la sentencia, además de que se revoque el aseguramiento de 40 inmuebles, pretensión a la que se opone la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En julio pasado se hizo público un proyecto de sentencia en el que se proponía negar el amparo a Duarte de Ochoa y negarle la posibilidad de apelar la sentencia y el aseguramiento de los inmuebles.
No obstante, dicho proyecto fue retirado y no se sabe si el sentido de la propuesta que se presentará este miércoles a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte se mantendrá en los mismos términos o tendrá variación.
Cabe destacar que este caso podría sentar un precedente importante en torno a la procedencia del recurso de apelación contra sentencias dictadas en el “procedimiento abreviado” como el que se le instruyó a Duarte de Ochoa.
En ese tipo de casos, previstos en el sistema de justicia penal acusatorio, el acusado admite su culpabilidad para no ser sometido a juicio, a cambio recibe una sentencia reducida. Cabe recordar que este caso comenzó luego de que el 26 de septiembre de 2018 el exgobernador se declaró culpable por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
En aquella ocasión, Duarte de Ochoa fue sentenciado a nueve años de prisión y al decomiso de 41 inmuebles de su propiedad. Sin embargo, días después su defensa apeló la sentencia y, aunque luego se desistieron de esa acción, el propio Javier Duarte presentó un escrito de puño y letra asegurando que no había autorizado el desistimiento y pretendía seguir con la apelación.
Ante ello, un juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte determinó que la sentencia debía seguir firme. Duarte respondió con un juicio de amparo. La UIF, como tercera interesada, se opuso a la pretensión de Duarte.
En mayo pasado, el Tercer Tribunal Unitario resolvió ratificar la pena de prisión de 9 años, aunque dispuso que Duarte podría recuperar las propiedades que le fueron decomisadas. Duarte de Ochoa aún insiste en una pena de cárcel menor, por lo que consiguió que el caso sea revisado en la SCJN, cuya Primera Sala votará el próximo miércoles el proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat.
Cabe precisar que Duarte de Ochoa ya cumplió la mitad de su sentencia que se le impuso y que, en teoría, concluirá en septiembre de 2027. No obstante, el exmandatario ya está en posibilidad de solicitar la libertad anticipada para terminar su condena en libertad, pero con medidas cautelares.