Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, sostuvo que la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador es preocupante, ya que pone en riesgo la independencia judicial en el país.
En una comunicación enviada al Consejo de Derechos Humanos, la experta sostuvo que es especialmente alarmante la manera en la que se están impulsando estos cambios a la Constitución, toda vez que se ha presionado a los juzgadores desde otras ramas del gobierno.
Esto, “dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces”, afirmó la relatora.
En cuanto al contenido de la reforma, Satterthwaite aseveró que las iniciativas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura.
Al hablar sobre la elección de juzgadores, señaló que “estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”.
En cuanto a la reducción del periodo en el que los juzgadores estarán en el cargo, la relatora intencional recordó que este planteamiento ya ha sido rechazado anteriormente.
“Este mandato también ha concluido que la selección de jueces por periodos cortos debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces”, apuntó.
Satterthwaite también destacó que la reducción en los sueldos a los integrantes de la judicatura también podría ser contraproducente.
“Me preocupa que la reducción arbitraria de los salarios judiciales y una intromisión mayor en la capacidad presupuestaria independiente de la judicatura lesionará la independencia judicial en México”, concluyó.
Por esto, la experta internacional cerró pidiendo al Estado mexicano fijar su postura, que indique las medidas que va a implementar para asegurar una selección de juzgadores basada en méritos y que explique cómo va a asegurar la independencia judicial.