Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, reiteró este martes una resolución que ordena al gobierno federal modificar la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, publicada el 8 de diciembre pasado.
El juez advirtió que dicho programa no se ajusta a los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Previamente, el lunes el juez Santos Pérez concedió por separado dos suspensiones relacionadas con la negativa del gobierno de vacunar a dos personas contra el COVID-19.
Debido a lo anterior, este martes el juzgador aprovechó para advertir que las etapas del plan de vacunación implementadas por el gobierno de la denominada Cuarta Transformación se planificaron “de manera simplista”.
Criticó que dicho programa definió las etapas de vacunación tomando en cuenta únicamente a los trabajadores de la salud y la edad de la población mexicana.
Estimó que con ello se pasó por alto, que, de conformidad con un documento base elaborado por la OPS, se debe dar prioridad no solo a los trabajadores de la salud y las personas de edad avanzada, sino también a los grupos de mayor riesgo.
Sobre las resoluciones del lunes, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la suspensión dictada por el juez modifique el plan de vacunación contra el COVID-19 de su gobierno.
Casi a la misma hora en la que el presidente López Obrador se pronunciaba al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un nuevo acuerdo del juez Santos Pérez donde reiteró su criterio en el sentido de que dicho plan de vacunación debe ser modificado.
Y agregó que el gobierno federal incurrió en una serie de omisiones que inciden en la obligación del Estado mexicano de dar una atención médica necesaria al ciudadano quejoso.
El lunes, el juez concedió las suspensiones a Eva Flores Medina, dentro del expediente 13/2021 y Manuel Silva Vega, dentro del expediente 12/2021, mientras que este martes concedió una suspensión similar a la ciudadana Leticia Meza Gómez, dentro del expediente 17/2021.
El Instituto Mexicano del seguro social advirtió quedará cabal cumplimiento a las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales con relación al caso de una mujer que obtuvo una suspensión para que se le aplique la vacuna de COVID-19.
En una tarjeta informativa enviada a este medio, señaló que por disposición legal en materia de protección de datos personales sensibles, y en virtud de qué el asunto está relacionado con un proceso jurisdiccional en curso, el IMSS está impedido para proporcionar información relacionada al caso.
No obstante, refrendó su compromiso de observar en todo momento a las disposiciones legales que regulan su actuación.
“En el desarrollo del proceso jurisdiccional se dará cabal cumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad judicial correspondiente”, insistió.