La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investiga el posible desvío de recursos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en las últimas administraciones.
A su salida de Palacio Nacional, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, adelantó que se encuentran en proceso de presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay operaciones y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios y en varios espacios, no solo Gobernación”, advirtió.
Dijo el presidente que no se investigaría en México, tendrían que hacerlo, ¿no?, se le preguntó.
-Sí, sí, vamos a hacerlo, respondió.
El miércoles, Nieto dijo que investigan la triangulación de alrededor de 2 mil millones de pesos entre la Secretaría de Gobernación y una empresa ligada a García Luna.
El 9 de diciembre, García Luna fue detenido en Texas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dio a conocer el arresto un día después.
A García Luna se le acusa de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio, según un comunicado de la dependencia.
"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer (9 de diciembre) por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", detalló.
En el texto, el Departamento de Justicia explica que el exfuncionario habría recibido millones de dólares del grupo que lideraba Joaquín 'El Chapo' Guzmán mientras era el encargado de la Policía Federal de México y de Seguridad Pública.
El 17 de diciembre, el juez David Horan en Texas ordenó que García Luna permanezca detenido en Texas y sin fianza mientras espera ser trasladado a Nueva York, donde se llevará a cabo su juicio.
El derecho a fianza le fue negado luego de que los funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, alegaron ante el juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del Cártel de Sinaloa.