Porque este tipo de subcontratación parece ser abusiva con los trabajadores
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pidió este martes que la discusión del dictamen en materia de subcontratación, también conocido como outsourcing, en el Pleno de la Cámara alta sea pospuesto para ser analizado en Parlamento Abierto.
"Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objetivo de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras", indica un documento firmado por Monreal y dirigido a Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva.
Monreal señala que las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en la materia requieren la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores que estén involucrados antes de ser tratados en el Senado, por lo que propone el formato de Parlamento Abierto.
Más temprano este martes, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado dieron 'luz verde' al dictamen que busca eliminar el outsourcing ilegal mediante el cual se evaden más de 500 mil millones de pesos.
El dictamen tiene el objetivo de diferenciar el outsourcing ilegal de aquellos servicios lícitos que la ley permite, lograr la tutela efectiva de los derechos laborales de los trabajadores y evitar que los empleadores utilicen medios de simulación de contratos distintos al laboral o la denominación diferente para luego negar la existencia de una relación laboral y sustraerse de la obligaciones legales.
Además, se busca dar respuesta a los vacíos jurídicos que genera la indefinición del outsourcing ilegal provocando traición a las leyes laborales, de seguridad social y de carácter fiscal, lo que genera afectaciones económicas y de carácter social.
El lunes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la reforma es inconstitucional y preocupante, pues esta tendría consecuencias gravísimas para la economía del país, además de que, señaló, pone en riesgo la inversión nacional y extranjera.
“Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos, ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”, señaló el CCE en un comunicado.
Por esto, la máxima cúpula empresarial hizo un llamado a que, antes de aprobarla, haya un diálogo profundo con un esquema de Parlamento Abierto o las modalidades que el Congreso decida, para permitir tener una evaluación real de las consecuencias de la reforma propuesta.