El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, informó a la Cámara de Diputados que ya hay avances en las investigaciones sobre el hackeo del Guacamaya Leaks a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al comparecer ante legisladores de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el secretario anunció que “sobre el Guacamaya Leaks en la Sedena hay un procedimiento administrativo en contra de dos servidores públicos”.
El colectivo Guacamaya, que se atribuyó el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha revelado una serie de archivos que exhiben practicas de espionaje, detalles del 'culiacanazo', planes de infraestructura y hasta el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los documentos, de 2016 a 2022, también exhiben episodios inéditos ocurridos en la administración de AMLO como el freno a las investigaciones por el caso Ayotzinapa y la vigilancia a colectivos feministas, a quienes se les considera desde el Ejército como grupos subversivos o guerrilleros.
Con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, el funcionario detalló que al 30 de septiembre de 2022 se registraron en CompraNet 129 mil contratos por adquisiciones y obras públicas, que ascendían a 425 mil millones de pesos.
Indicó que, del total de registros, 101 mil, por un monto de 143 mil millones de pesos, fueron por adjudicación directa, lo que equivale al 78 por ciento. Ante los cuestionamientos de los diputados de oposición, Roberto Salcedo aseguró que “la adjudicación directa no es arbitraria, hay una serie de mecanismos que permiten que se analice cada una de las decisiones”.
Comentó también que del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 han sido sancionados 2 mil 552 servidores públicos por diversas irregularidades.
En la sesión, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, dijo al secretario que las principales tentaciones de la corrupción están en los ámbitos de adquisiciones y obra pública, por lo que propuso instalar una mesa de colaboración para revisar los sistemas de anticorrupción, fiscalización, archivos y protección de datos personales.
En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, señaló que uno de los principales retos en México “durante el último siglo” ha sido la corrupción, por eso “es necesario llevar a cabo los procedimientos y las sanciones a funcionarios que han faltado, sin importar el partido al que pertenezcan, porque se falta a la confianza de millones de mexicanas y mexicanos que proveen los recursos”.