Porque estos montos superan los costos de varios programas públicos
El gobierno federal gastó casi 20 mil millones de pesos en prestaciones y bonos durante el primer semestre del año, en gastos como darle dinero extra a los trabajadores tan solo por su presencia en las oficinas.
Durante el primer semestre del año, el gobierno gastó 19 mil 619 millones 353 mil pesos en prestaciones para servidores públicos, superiores a las que establece la Ley, de acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por ejemplo, varios servidores públicos reciben estímulos de puntualidad por los que el gobierno pagó 5 mil 867 millones de pesos en el periodo enero-junio de este 2018.
Diversos funcionarios también reciben bonos por asistencia, es decir, por el solo hecho de presentarse a trabajar, que en el primer semestre del año costaron a los contribuyentes 5 mil 524 millones de pesos.
La SHCP no detalla en sus informes trimestrales los criterios que se siguen o los motivos para el otorgamiento de estos estímulos, cuyos montos rebasan al presupuesto otorgado a varios programas Federales.
La dependencia detalló que por estímulos por desempeño y productividad gastó más de 2 mil 414 millones de pesos en el primer semestre, otros 2 mil 15 millones en ayuda para libros, que principalmente ejerció el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y 880 millones 724 mil pesos en pagos por productividad y eficiencia.
¿QUIÉNES TIENEN ESTAS PRESTACIONES?
“Los trabajadores sindicalizados, los de base, son los que tienen derecho a ese tipo de prestaciones, vienen muchas veces en su contrato colectivo de trabajo”, explicó Tamón Takahashi, experto del think tank AGV Célula de Trabajo.
El amplio número de empleados de base en el gobierno federal es uno de los factores que eleva el costo de los estímulos mencionados, añadió.
Takahashi, quien también es exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, señaló que una idea positiva sería incorporar parte del gasto en las prestaciones extraordinarias al salario de los trabajadores y no dejarlo como un pago con criterios en ocasiones discrecionales o por conceptos que pueden ser cuestionables.
Hay incluso un pago por dote matrimonial y por maternidad que costó al gobierno 3 millones 659 mil pesos de los contribuyentes.
Si el equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca hacer ahorros al gasto público, algunas de estas prestaciones costosas para el erario se les podría ‘pasar la tijera’.