La denuncia que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por delincuencia organizada pone en riesgo a toda la comunidad académica, pues podría extenderse, alertaron directores de facultades y escuelas de la UNAM, a través de una carta que hicieron pública.
“Esta situación genera un clima de desconfianza y linchamiento hacia esas personas, que peligrosamente algunas voces pretenden extender hacia la comunidad académica del país, abonando a la desconfianza en sus instituciones educativas y a la deconstrucción de un aparato crítico indispensable para el desarrollo de toda nación”.
Los más de 30 directores de la UNAM indicaron que la carta se emite en respaldo a la postura del rector Enrique Graue, pues la acusación de asociación delictuosa es un “despropósito e inconcebible”.
“Resulta de gran preocupación la acusación desproporcionada de que han sido objeto 31 académicos y funcionarios que estuvieron relacionados con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en las administraciones anteriores”.
“Salta a la vista la improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que han sido condenadas a priori por diferentes instancias del sector público, sin escuchar a los imputados y sin que exista el debido proceso”.
Los directores de la UNAM agregaron en su carta que, como integrantes de la academia que reciben recursos públicos, estos se ejercen con transparencia y aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales, además que son auditados y fiscalizados.
Se dijeron confiados de que se aplicarán las leyes de forma correcta, habrá impartición de justicia y respeto a los derechos humanos.
“Sólo mediante la adecuada y respetuosa interacción entre la academia y el gobierno se puede aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad”, cerraron.
De la misma manera, y por misma vía, se manifestaron las federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México, cuyos presidentes destacaron que la segunda solicitud de orden de aprehensión por parte de la FGR es “extraña e innecesaria”, dado que hace un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la transferencia de los recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico se hizo de manera legal.
“Si bien en los últimos años se ha disminuido más de la mitad del presupuesto que recibía el Conacyt, acción que hace que disminuya el avance necesario de ciencia y tecnología en el país, esto no significa que haya existido dolo en el presupuesto autorizado previamente”.
De acuerdo con la acusación de la FGR, los científicos habrían desviado 471 millones de pesos a la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico entre 2002 y 2019, los cuales se gastaron en una residencia en Coyoacán, sueldos, viajes y aportaciones para pensiones.
Se les acusa de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.