El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el delito de extorsión sea investigado como “delincuencia organizada” y procesado y sancionado bajo esas directrices.
El dictamen -avalado por 388 votos a favor, uno en contra y enviado al Senado de la República- establece medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad el delito de extorsión.
También aprobó reformas al Código Penal Federal para “agravar las penas” para el delito de extorsión, cuando las víctimas sean personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad.
Avalada con 382 votos, uno en contra y una abstención, y enviada al Senado, a reforma establece que la sanción se agravará “hasta una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si ésta es menor de 18 años o mayor de 60 años, o tiene alguna discapacidad”.
Además, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, se aumentarán hasta en una mitad si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral.
Se tipifica la conducta de un servidor público o autoridad penitenciaria que facilite los medios o condiciones para la comisión de extorsión, y se establece que por su realización se podrá obtener hasta las dos terceras partes de las penas previstas para el delito principal.
En la argumentación del dictamen, se señala que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018 se registraron 6 mil 432 delitos, y en 2019, fueron 8 mil 266, lo cual representa un aumento del 28.5 por ciento.
Las entidades con mayor incidencia son estado de México con 2 mil 295; Ciudad de México, 856; Jalisco, 742; Veracruz, 518, y Nuevo León, con 509. Además, el Inegi, en 2018, reportó que el delito de extorsión fue el segundo con mayor incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, detalló que en México uno de los delitos de más alto impacto y que va en aumento año con año, es la extorsión; se comete con mayor frecuencia debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo y se realiza de manera directa e indirecta, dijo.
Mencionó que la primera es cuando físicamente una persona amedrenta para obtener dinero; es decir, se presenta a cobrar derecho de piso, y la segunda, por medio de llamada telefónica.
Añadió que, de enero de 2019 a febrero 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -agregó-, durante el confinamiento por el coronavirus, que inició el 23 de marzo, los delitos de homicidio y la extorsión se han mantenido con cifras muy altas.
El dictamen, dijo, busca actuar de manera clara y decidida frente a este delito que lastima a la sociedad mexicana, ya que afecta de manera directa el patrimonio de las familias, la Industria y el comercio.
De acuerdo con el Banco de México, una de cada cinco empresas en el sur del país, reportó haber sido víctima de extorsión; mientras que en el resto del territorio nacional, alcanzó una de cada 14.
En noviembre de 2019, el Centro Nacional de Inteligencia informó que se han utilizado poco más de diez mil números telefónicos para realizar este tipo de delito.
Destacó que se busca visualizar la extorsión por la gravedad de sus hechos, incorporándolo en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
“La extorsión se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse; hoy damos un paso más con esta reforma. Sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas”, añadió.