Ya nadie quiere funcionarios corruptos y esto tiene que ver con ellos
Los cambios en el gabinete de Enrique Peña Nieto continúan, pero en esta ocasión con implicaciones directas a la justicia mexicana.
El presidente propuso a la procuradora Arely Gómez González como la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública y a Raúl Cervantes Andrade como nuevo mando de la PGR, quienes tendrán en sus manos, si el Senado ratifica estos cambios, implementar las reformas más importantes en materia de justicia en los últimos años.
“La maestra Gómez González tendrá la labor de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en conjunto con las todas las autoridades del país y de la mano de la sociedad civil. El doctor Cervantes Andrade deberá generar el modelo para que la Fiscalía General de la República sea efectiva y moderna”, indicó en un comunicado la Presidencia de la República.
¿DE QUÉ VA ESTO?
El SNA se creó como una instancia que coordinará a distintas instituciones y autoridades de gobierno para prevenir, combatir y castigar la corrupción en el país.
La idea es que el sistema sea presidido por ciudadanos y actúe en favor de ellos, además de que fortalezca y dé verdadera autonomía a distintos organismos, quienes también tendrán a su cargo la fiscalización y el control de recursos públicos.
Para ello, el SNA estará integrado por siete instituciones: la Secretaría de la Función Pública, cuya titular será Arely Gómez, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), el Tribunal de Justicia Administrativa y un Comité de Participación Ciudadana, conformado por cinco personas cuya labor será ser el enlace entre los ciudadanos y el SNA.
Edna Jaime Treviño, Sergio López Ayllón, Antonio Carlos Gómez Espiñeiera, Viridiana Ríos Contreras, María Elena Morena Mitre, Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Pedro Salazar Ugarte y José Luis Juan Caballero Ochoa, serán los encargados de elegir al Comité de Participación Ciudadana.
Además, se crearon y reformaron siete códigos entre los que se encuentra la propia ley del SNA y una Ley General de Responsabilidad Administrativas de Servidores Públicos, la famosa Ley 3 de 3 en donde los funcionarios públicos deben presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.
El SNA fue presentado en mayo de este año y todos los cambios deberán quedar implementados el 19 de julio de 2017, cuando entre en vigor la Ley General de Responsabilidad Administrativas.
ADIÓS A LA PGR
Otro de los cambios más importantes en materia de justicia será la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República.
Con esto, la nueva fiscalía será un organismo consititucional autónomo, y ya no dependiente de la presidencia, encargado de la organización del Ministerio Público.
La Fiscalía tendrá dos nuevas obligaciones que no existían en la PGR: una en delitos electorales y otra en corrupción.
El adiós a la PGR se inició en 2014 con una Reforma Político Electoral y deberá estar listos en 2018.