Porque AMLO prometió un cambio de régimen que incluye reconocer los errores del pasado
Este 1 de julio Andrés Manuel López Obrador cumple un año de haber ganado la elección presidencial y desde el día 1 prometió que resolvería algunas deudas pendientes que han dejado administraciones anteriores.
La Cuarta Transformación cumple una importante etapa en la que busca cimentar su plan de gobierno, proyecto que incluye retomar algunos de los hechos más polémicos y oscuros que han involucrado al Estado mexicano para ofrecer una disculpa por el actuar de los exgobernantes.
Por eso, aquí te dejamos los casos polémicos que AMLO retomó desde que ganó la Presidencia de México.
1. AYOTZINAPA
El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, luego de ser atacados por elementos de la policía de este municipio, lo que dejó una profunda herida en la sociedad mexicana.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la llamada "verdad histórica" de los hechos y determinó que policías de Iguala y Cocula entregaron a los jóvenes a integrantes del crimen organizado, quienes confundieron a los estudiantes con un grupo rival y los incineraron en un basurero de Cocula.
Pero tanto los padres de las víctimas, así como organismos internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) dudaron de la veracidad de la versión gubernamental.
Es por eso que uno de los temas que AMLO atendió apenas tomó posesión como titular del Ejecutivo fue el caso Ayotzinapa. El pasado 3 de diciembre, López Obrador firmó un decreto presidencial para crear una comisión de la verdad y puso como encargado del tema a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
"A partir de este acuerdo reiniciamos la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra", dijo en su momento López Obrador.
El 4 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se creó la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Y el pasado 15 de enero se instaló dicha comisión, cuyo objetivo es actuar como un mecanismo de coordinación política para que el Gobierno de México destine y aplique recursos materiales, jurídicos y humanos para garantizar el derecho que los familiares de las víctimas tienen de conocer la verdad.
La Comisión está conformada por representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. También la integran una comisión de padres y madres de los estudiantes desaparecidos, así como una comisión de representantes de las organizaciones civiles que les acompañan.
2. GUARDERÍA ABC
El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la guardería ABC (subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS) en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 menores y dejó a más de 70 lesionados.
La tragedia alcanzó dimensiones internacionales e incluso el entonces papa Benedicto XVI externó su pesar por el deceso de los niños y envió su apoyo a los padres de las víctimas.
El gobierno de Felipe Calderón cesó a la entonces coordinadora nacional de guarderías, Carla Rochín Nieto, así como al director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, José Antonio Salazar.
Por la tragedia también fueron removidos de sus cargos el delegado estatal del IMSS, Arturo Leyva; el jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez; la coordinadora delegacional de Guarderías, Noemí López; y la coordinadora zonal de Guarderías en Hermosillo, Delia Irene Botello.
Sin embargo, la única persona encarcelada por el incendio fue Delia Irene Botello, quien fue detenida en 2011, pero obtuvo su libertad en 2014 por desvanecimiento de datos y pruebas.
El sentimiento de una falta de justicia y nulo castigo a los responsables permaneció en la sociedad y es por eso que AMLO tomó cartas en el asunto y el 5 de junio, el IMSS presentó una denuncia en contra del exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours Castelo.
Andrés Manuel López Obrador aseguró que en este tema habría justicia y apoyo para las víctimas.
"Nosotros le mandamos un abrazo fraterno, cariñoso, sincero, a los padres y las madres de los niños y niñas que perdieron la vida, así como a los padres que tienen niños con lesiones, y el compromiso de que nunca más una tragedia como la de la guardería ABC, y que en caso de que se presente, no haya impunidad".
Zoé Robledo Aburto, director del organismo, informó ese día que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“No creemos que esta denuncia deba convertirse solamente en un anuncio, que no trascienda. Soy de la opinión de que debe fortalecerse”, dijo el funcionario federal.
El director del IMSS agregó que la denuncia contra el exgobernador de Sonora fue presentada el pasado 22 de mayo por Francisco Javier Morales Oviedo, coordinador de programas de asuntos de coordinación e investigación del Instituto.
Zoé Robledo agregó que debe valorarse si el político priista es la única persona que puede ser incluida en la denuncia, dado que en su momento fueron señalados 18 funcionarios de los tres órdenes de Gobierno y luego, siete más.
3. PASTA DE CONCHOS
Lamentablemente la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., que operaba Pasta de Conchos, ordenó el 4 de abril de 2006 el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25% y 75% de la mina estaba inundada y que existía contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras.
El caso permaneció cerrado durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; y fue hasta febrero de este año, al cumplirse 13 años del derrumbe, que AMLO informó que el Gobierno de México estaba abierto a este rescate y consideró que esto ayudaría a la reconciliación entre los deudos de los muertos y la empresa propietaria de la mina.
Las palabras de López Obrador se hicieron realidad este 1 de mayo, durante la conmemoración del Día del Trabajo, pues anunció el inicio de los trabajos para el rescate de los 65 cuerpos de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos.
"Esta es una responsabilidad de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Vamos a iniciar las excavaciones para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina de Pasta de Conchos desde 2006", dijo el presidente en su conferencia matutina.
AMLO abundó que el rescate de los fallecidos es un acto de justicia y un compromiso que adquirió hace tiempo.
Con respecto al presupuesto necesario para llevar a cabo dichas labores, López Obrador indicó que se utilizará "lo que se requiera". Destacó que este año el presupuesto para la Secretaría del Trabajo es de 40 mil millones. "¿Alcanza o no alcanza?", le preguntó a los reporteros que cubrieron la conferencia.
4. ESTUDIANTES DEL TEC DE MONTERREY
Los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Mercado y Francisco Arredondo, fueron asesinados el 19 de marzo de 2010 por elementos del Ejército.
La versión oficial del gobierno federal fue que el hecho se derivó de un enfrentamiento entre elementos del Ejército contra integrantes de la delincuencia organizada en uno de los accesos al Tec de Monterrey; las fuerzas armadas incluso aseguraron que los universitarios eran “sicarios” muertos, quienes supuestamente “iban armados hasta los dientes”.
Las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron las fuerzas armadas fueron narradas en el documental 'Hasta los dientes' de Alberto Arnaut, que reunió testimonios de los familiares, amigos e involucrados en el caso.
Derivado de este documental, y como una manera de redimir las graves violaciones a las garantías individuales en las que incurrió el Estado mexicano, el gobierno de AMLO ofreció el pasado 20 de marzo una disculpa pública a los padres de los dos estudiantes que perdieron la vida.
A nombre del Estado mexicano, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó la disculpas por la violación a sus derechos por el uso excesivo de la fuerza que provocó la muerte de los universitarios.
“Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia, no sicarios. Por mi conducto el Estado hace el compromiso de garantizar la reparación integral del daño desde el 19 de marzo de 2010 (...) Así como implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos no vuelvan a suceder a ninguna otra persona en nuestro país”, dijo la titular de Segob.
“Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos”, añadió Olga Sánchez Cordero.
La senadora con licencia aseguró que uno de los ejes rectores del Gobierno de AMLO es el respeto a los derechos humanos, “por consiguiente, redoblaremos esfuerzos para que se capacite a los elementos de nuestras fuerzas armadas en materia de derechos humanos”.
5. ESPIONAJE
Durante años, el Estado mexicano utilizó las instituciones como la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para recabar información de personas opositoras al régimen e incluso para espiarlas. Andrés Manuel López Obrador no se salvó de ser víctima de la práctica.
Por eso el 1 de marzo, el presidente López Obrador ofreció disculpas a todas las personas que sufrieron espionaje y persecución por parte del gobierno.
AMLO aseguró que a las víctimas de persecución se les recordará con mucho respeto y prometió que su gobierno no espiará a nadie y por tal motivo abriría todos los archivos secretos del Cisen.
"Un homenaje a quienes fueron víctimas de la persecución del régimen autoritario pasado, es esto que estamos haciendo. Y, desde luego, siempre recordarlos con mucho respeto, siempre, a los que han sido víctimas de represión, más a los que perdieron la vida, los que fueron asesinados", dijo AMLO.
"Y nuestro reconocimiento a permanente, y perdón en nombre del Estado, eso siempre lo voy a estar repitiendo como representante del Estado mexicano. No vamos nosotros a callarnos, ni vamos a solapar actos autoritarios, represivos; todo eso se termina, y esa es una forma de reconocerles, de homenajear a quienes fueron víctimas de la represión, del autoritarismo", agregó López Obrador.
AMLO subrayó que tras la decisión de abrir los archivos del desaparecido Cisen, no quedaría ningún archivo secreto y que habría total transparencia.
El presidente de México afirmó que todos los expedientes que estaban resguardados y protegidos serán puestos a consideración de los ciudadanos y de los investigadores, como parte del Programa de Fortalecimiento de la Memoria Histórica.
"Todo se abre por completo", expresó AMLO, sin embargo, también dejó claro quse respetarán las limitaciones que establece la ley, como la protección a menores, familiares de víctimas y todo lo que pueda afectar la dignidad de las personas y los derechos humanos.
López Obrador puntualizó que se podrá acceder a los archivos "de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido Cisen", sobre problemas políticos y sociales, pues de diversas maneras "se limitaba la información".
6. LYDIA CACHO
El 10 de enero llegó otra de las disculpas del gobierno mexicano.
En esta ocasión, se trató de una disculpa pública a la periodista y activista Lydia Cacho por la violación a sus derechos humanos y políticos por parte de autoridades mexicanas en 2005. Esta disculpa llegó después de que informe de la ONU estableciera la arbitrariedad de su detención, así como el uso del aparato de justicia para perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que defienda la libertad de expresión.
Durante su discurso, Cacho aseguró que se trataba de la batalla más grande que había luchado en su vida y dijo que esta "disculpa es solo el primer paso de la reparación integral". Además, señaló que ella ya perdonó a sus torturadores "no porque sea una buena persona ni que el presidente nos pida a todas y todos que los perdonemos. Los he personado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran mi cuerpo ni mi espíritu".
En 2005, la periodista presentó el libro Los demonios del edén en el cual exponía la existencia de una red de pederastas que contaba con la participación y protección de políticos mexicanos y empresarios.
Ese mismo año, en diciembre, fue detenida en Cancún por la policía judicial poblana acusada de difamación y calumnia en contra del empresario poblano Kamel Nacif, quien aparecía en el libro de Cacho como uno de los personajes que protegían al pederasta Jean Succar Kuri.
Cacho fue trasladada vía terrestre hasta la ciudad de Puebla en medio de amenazas y agresiones en su contra. Logró su libertad tras pagar una fianza de 70 mil pesos.
En ese tiempo, el gobierno de Puebla estaba en manos de Mario Marín, el gober precioso, quien se hizo acreedor a ese apodo después de que se filtraran las llamadas en las que él y el empresario Kamel Nacif hablaban sobre la detención de Lydia Cacho como un "coscorrón".
Jean Succar Kuri, mencionado en libro como líder de la red de pornografía y trata infantil, recibió una condena de 112 años por estos delitos, mientras que Mario Marín y Kamel Nacif son buscados por la Interpol, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).