El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado como lema y bandera de su gobierno el combate a la corrupción, una lucha que se ha centrado en diversas empresas, entre ellas, destacan cuatro compañías que se convirtieron en el objetivo del mandatario: PiSA, Altos Hornos de México (AHMSA), Iberdrola y Braskem Idesa.
“México es un gran ejemplo de políticas anticorrupción que suceden en la región de Latinoamérica. Mucho se ha criticado, pero no se puede hacer menos los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción, ahora es más difícil implementarlos por retos políticos y de pandemia”, dijo en entrevista con El Financiero, Michael Watt, director general asociado de la consultora Kroll.
1- ‘Enferman’ Laboratorios PiSA
El gobierno comenzó desde 2020 a buscar proveedores de medicamentos, luego de que el presidente declarara que había un monopolio, donde reiteradamente señaló que PiSA era la más beneficiada.
La consultora Instituto Farmacéutico dijo que PiSA, Novartis, Roche y AstraZeneca concentraron poco más del 50 por ciento del volumen de fármacos oncológicos de la compra consolidada de 2019.
En octubre de 2020 el gobierno inhabilitó por 30 días a PiSA y Dimesa por proporcionar información falsa para obtener un contrato, sin embargo, la inhabilitación fue retirada el 6 de abril pasado.
Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico (Inefam), dijo que la falta de una investigación por parte del gobierno para entender el mercado de medicamentos oncológicos es lo que llevó a un desastre, que afectó a todas las empresas del sector.
“Las condiciones las pone la demanda, y si la demanda quiere mayores volúmenes a menores precios, no cualquier empresa puede hacerlo financieramente. PiSA es el único que podía hacer esas condiciones, pero lo cambiaron y no hubo plan B (…) definitivamente no había manera de reponer lo que se dejó de lado, ahora es un problema no solo de PiSA, es un tema del gobierno que no sabe cómo hacer frente no solo en oncológicos, sino en otros grupos terapéuticos”, comentó.
2- Altos Hornos de México (AHMSA)
La firma siderúrgica era la única proveedora de carbón térmico para las plantas de la CFE, pero el gobierno decidió romper esta relación con AHMSA porque consideraba que dañaba las finanzas de la empresa productiva del Estado.
Sin embargo, César Luis Ceniceros Marín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC), dijo que no hay ningún proyecto en desarrollo que esté avanzado como los de AHMSA “no tienen pruebas, es puro monte”.
Destacó que esto daña a los pequeños productores de carbón de Coahuila que dependen de que la CFE adquiera carbón térmico a AHMSA para que les compren.
3- Braskem Idesa
Braskem, resultado de la alianza entre Braskem de la compañía de Oderbecht y la mexicana Idesa, firmó un memorando de entendimiento con Pemex y sus subsidiarias, con el cual buscarán modificar el contrato de suministro de etano y la realización de una terminal portuaria.
Previo al acuerdo, López Obrador reiteró que el contrato de etano era “leonino” y ventajoso y dañaba a Pemex, además de que ya se tenía una acusación de corrupción por parte de Oderbecht.
Braskem Idesa dijo que esta modificación y terminal portuaria, están sujetas, en todo caso, a la viabilidad, negociación, documentación, y aprobación de sus accionistas, acreedores e instancias de gobierno corporativo de la empresa.
“Siguen las investigaciones, porque además hay que ver quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional”, dijo el presidente de México.
4- Iberdrola
La empresa española es repetidamente mencionada por el presidente entre un grupo de compañías privadas, sobre todo extranjeras, que, asegura, se beneficiaron de la reforma energética de 2013.
Gonzalo Monroy, director de la firma de consultoría GMEC, afirmó que, a pesar de las acusaciones, Iberdrola sigue generando ingresos en México y agregó que ninguna de las empresas que acusa el presidente en el sector energético de corrupción tiene al momento un impacto en su operación.
“Las empresas saben que esto es muy común, sucede en otras partes del mundo, y en ese sentido después de muchas presiones no se ha modificado nada del mercado eléctrico. Pero el problema es para México como sociedad porque se queda sin electricidad a precios competitivos, toda esa disponibilidad de recursos lo pierden los mexicanos”, contó.
La CFE busca renegociar contratos con Iberdrola porque considera que afecta las finanzas de la compañía productiva del Estado.
Por ello la española ya dijo que no invertirá más en el país por la nueva política energética.
“Si el gobierno no está dando la bienvenida a la inversión, no vamos a invertir, y creo que estamos en este momento en México, recién estamos completando la inversión que comenzamos hace unos años y no hemos iniciado una nueva, a menos que el gobierno lo permita”, dijo en el 2020 en conferencia con analistas, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.