CHIAPAS.- Mauricio Damián Estrada Moreno, de tres años de edad, murió ahogado el 7 de febrero, en la alberca del kínder Piguin&Babe, un centro escolar particular ubicado en la capital del estado.
Este domingo, padres y madres acompañaron a la familia del niño a una marcha para exigir justicia, pues hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida.
En la manifestación que se llevó a cabo por las calles de la ciudad y terminó afuera de las instalaciones del centro educativo, las participantes, vestidas con ropa blanca, denunciaron que los propietarios de la guardería tienen una relación laboral con funcionarios de la Secretaría de Educación de Chiapas, y por ello ha prevalecido la versión que lo sucedido fue un accidente y no un acto de negligencia.
Madres de niños y niñas que hasta el día del accidente estuvieron inscritos en Piguin&Babe explicaron que los filtros de acceso a la alberca era solo una reja, y no tres, como han declarado los propietarios. Reconocieron que ellos pasaron por alto esta situación porque nunca pensaron que hubiera un mayor riesgo.
“¿Cómo llegó Damián a la alberca sin que nadie se diera cuenta? Eso ahora lo vemos y reconocemos que esto no es un accidente, reconocemos que la escuela no tenía la seguridad que debe tener, y que seguramente en la Secretaría de Educación pasaron eso y más medidas”, dijo Lorena, una madre de familia.
Y es que el día de la muerte del niño, un señor que luego fue identificado como Carlos Alberto Patrinos, hermano del director general de Piguin&Babe, y quien también tiene un cargo de dirección en la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación, agredió a dos reporteras que grababan desde la calle la fachada de escuela. Salió del centro escolar, les arrebató la cámara y las amenazó.
Desde entonces y a la fecha, según relató Amparo Moreno, madre de Damián, ninguna persona ha sido detenida, y en la Fiscalía les han informado que se investiga la posibilidad de que todo haya sido un accidente.
Los padres acusan que fue negligencia y que esta está asociada al tráfico de influencias que existió para que el centro escolar no tuviera las medidas de seguridad que originaron la muerte de su hijo.
Incluso, señalaron que el centro escolar ofrecía terapias especiales a niños con discapacidad.