La Constitución mexicana es el documento que rige la vida del país y desde su promulgación (1917) ha tenido más de 600 reformas, algunas de las cuales han resultado polémicas y generado rechazo por distintos sectores de la sociedad.

El último ejemplo de esto es la Ley de Seguridad Interior, considerada por organizaciones nacionales e internacionales como un instrumento que presenta aspectos preocupantes para el respeto de los derechos humanos.

Esta ley fue promulgada este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto y por ello aquí te presentamos otros casos cuya aprobación generaron división en distintos grupos sociales.

REFORMA EDUCATIVA

La primera reforma que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la educativa, que generó un rechazo de los grupos opositores al sindicato oficial de maestros, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"El gran propósito de la reforma constitucional en materia educativa es hacer de la educación la fuerza transformadora de México. Esta reforma es fruto del compromiso y la determinación de todos", informó el gobierno del presidente Peña al presentar los cambios constitucionales, en diciembre de 2012.

Pero los integrantes de la CNTE argumentaron que con la reforma educativa, a la que consideraron una reforma laboral, se privatizaría la educación y se despediría a los maestros que no tenían los recursos para actualizarse, con lo que se vulneraban los derechos de miles de profesores.

El rechazo a la reforma educativa provocó decenas de enfrentamientos de profesores de la CNTE con elementos de seguridad pública en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y hasta en la Ciudad de México.

La polémica ley fue aprobada el 21 de diciembre de 2012 y promulgada hasta septiembre de 2013.

REFORMA ENERGÉTICA

La reforma energética, uno de los cambios constitucionales que trató de concretar el PAN durante su estancia en Los Pinos, finalmente fue concretada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2013, no sin antes librar una serie de largos debates entre las diversas fuerzas políticas de México.

La izquierda, representada por el PRD, el PT y Morena, se opuso abiertamente a la reforma, argumentando que con los cambios propuestos por el gobierno de Peña se privatizaba a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), además de que los inversionistas se quedarían con la renta petrolera y se sacaría a Pemex de las áreas estratégicas para que sectores privados se quedaran con el negocio.

Por su parte el PRI, el mayor impulsor de la reforma, argumentó que con la reforma, Pemex ni se vendía ni se privatizaba.

"La Reforma Energética busca consolidar a Pemex como una empresa 100% pública, más fuerte, competitiva y transparente. La renta petrolera es y seguirá siendo de los mexicanos. Esta reforma busca modernizar el marco jurídico y al sector energético, lo que incrementará la renta petrolera y así los mexicanos podamos obtener más provecho de ella", dijo en su momento la Presidencia de la República.

El debate legislativo por la reforma energética nos dejó uno de los momentos más memorables de la actual legislatura: la senadora del PT, Layda Sansores, le dijo a los legisladores del PRI, en diciembre de 2013:

“Privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió y eso sería mucho mejor que lo hicieran porque al menos esa es suya, esta Patria no les pertenece”, dijo la senadora.

En diciembre de 2013, el Congreso de la Unión le dio su visto bueno a esta reforma y en agosto de 2014, el presidente Peña Nieto promulgó la polémica reforma energética.

Andrés Manuel López Obrador, uno de los críticos más férreos de esta reforma, ha dicho que este cambio constitucional fue lo que causó el alza en los precios de la gasolina, por lo que también buscará modificar esta reforma.

REFORMA LABORAL

Otra de las reformas polémicas fue la laboral: el entonces presidente Felipe Calderón presentó este cambio constitucional el primero de septiembre de 2012, argumentando que su propuesta obedecía a la necesidad de tener un marco que incrementaría la oferta laboral, alentaría la productividad de las empresas y elevaría la competitividad del país, además de crear 800 mil empleos anuales en México.

Por su parte, la oposición argumentó que la reforma afectaba los derechos de los trabajadores, facilitaba y abarataba los despidos a través de esquemas de subcontratación, además de que eliminaba las prestaciones y la seguridad social de las futuras generaciones.

Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos independientes e integrantes del PRD llevaron a cabo protestas dentro y fuera de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para mostrar su rechazo a la reforma.

Sin embargo, en noviembre de 2012, a unos días de que Enrique Peña Nieto tomara protesta como presidente de México, las dos principales fuerzas políticas del país, el PRI y el PAN, lograron aprobar en el Congreso de la Unión la reforma laboral que estipuló la creación de más empleos así como una mayor transparencia en la gestión de los sindicatos.

El entonces presidente electo de México aplaudió el acuerdo.

"La relación con las distintas fuerzas políticas del país nos indica que ya hay un mayor consenso para los acuerdos como la reforma laboral, que por 40 años y sobre todo en los últimos años se había intentado procesar, finalmente ha sido posible un acuerdo para dar espacio a una nueva legislación que favorezca la competitividad, flexibilidad de los mercados laborales y la facilidad de empleo entre los mexicanos, esta es una señal muy positiva", dijo en noviembre de 2012 Enrique Peña Nieto.

REFORMA FISCAL

El 8 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de reforma hacendaria; el fin era, de acuerdo con el mandatario, "impulsar un México más próspero y más equitativo".

"Con esta reforma se fomentará el crecimiento económico y aportará componentes con sentido social. Los recursos obtenidos se destinarán a rubros como educación, seguro de desempleo y pensión universal", dijo en su momento el presidente mexicano.

Pero el proyecto presidencial no fue bien recibido por grupos empresariales como los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que consideraron que carecía de propuestas a fondo para ampliar la base de contribuyentes porque la estrategia recaudatoria se limitaba a gravar a los mismos ciudadanos de siempre. 

El descontento hacia la Reforma Fiscal no solo fue de grupos empresariales nacionales, sino también de funcionarios panistas en la frontera, que argumentaron que los cambios propuestos por el presidente homologaba el IVA del 11 al 16% en regiones fronterizas, lo que se traduciría en un aumento del 45% a la carga fiscal de los consumidores, algo que traería graves consecuencias como un aumento de la inflación y un efecto recesivo.

Pese a los reclamos, la reforma fue aprobada el 31 de octubre de 2013 en la Cámara de Diputados y en el Senado.