Porque el gobierno pide regular al Ejército, pero la oposición acusa militarización del país
La Ley de Seguridad Interior, aprobada en la Cámara de Diputados y a discusión en el Senado, ha causado polémica entre activistas y organizaciones civiles y los legisladores que la apoyan, por el temor a que dicho marco legal dé paso a una militarización de México.
El pasado 8 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado que abra un espacio de discusión con la sociedad civil.
Estas son las posturas que tienen las organizaciones que están en contra de esta ley:
El colectivo #SeguridadSinGuerra llevó a cabo un evento este lunes afuera del Senado para pedir un diálogo con los legisladores federales antes de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior.
Entre los oradores estuvieron los reconocidos actores Gael García y Diego Luna, quiénes dijeron que es necesario ampliar los espacios de diálogo y reconocer que una ley solo será eficaz si involucra a todos los actores políticos y sociales del país.
El actor Gael García, además invitó a los usuarios de redes sociales a firmar la inicitiva propuesta en la plataforma Change.org que invita a la discursión de la polémica ley en materia de seguridad.
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) aseguró que los altos niveles de violencia no se resuelven con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
La organización Fundar destacó que más allá de querer darle un marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, es preferible que los estados capaciten y formen a cuerpos policíacos más confiables para la ciudadanía.
José Antonio Guevara Bermúdez, integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, advirtió que los senadores quieren aprobar una Ley de Seguridad Interior que legalizaría la intervención de los militares.
La asociación México Unido contra la Delincuencia mostró su rechazo a una posible militarización del país con el fin de combatir al crimen organizado.
Alfredo Lecona, activista en temas de libertad de expresión, transparencia y corrupción, lamentó que la Ley de Seguridad Interior pretenda ser un marco legal opaco que le dé a un presidente mexicano el poder de militarizar varias zonas del país.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó una serie de testimonios de supuestas víctimas del actuar de las fuerzas armadas para mostrar su rechazo a la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
El Centro Pro dijo que si los senadores aprueban la ley, se violarían los derechos humanos de miles de personas en México.
La Organización Nacional Anticorrupción (Onea) destaca que los problemas de inseguridad en México se incrementarían con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.