Con 362 a favor, 0 abstenciones y 130 votos en contra, los diputados aprobaron en lo general los artículos del dictamen de la Guardia Nacional.
Este documento, contempla que esta fuerza de carácter civil, pase a ser regida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin perder esta autonomía.
Desde la tribuna, en representación de Morena, la diputada Clara Luz Flores justificó la participación militar en las acciones contra la delincuencia.
“Aquí que levante la mano quienes no reconocemos las labores de las fuerzas armadas, quienes no hemos necesitado alguna vez de las labores de las fuerzas armadas, precisamente por eso ustedes y yo sabemos que en el 2018 se necesitaba una policía con valores y principios, con espíritu de cuerpo, después de una policía que se encontraba corrompida tras 12 años de ser manejada por el narcotráfico en todos sus niveles como ya se ha demostrado”, dijo.
Por el PAN, el diputado Agustín Rodríguez cuestionó la incongruencia de los representantes del oficialismo que hasta hace siete años rechazaban la militarización de la seguridad pública.
“Por eso sería oportuno preguntarle en estos días a la senadora Ernestina Godoy, próxima titular de la Consejería Jurídica, o a la propia secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, o a los gobernadores electos Rocío Nahle y Alejandro Armenta o a los gobernadores Cuitláhuac García y Alfonso Durazo si acaso en esta ocasión, siendo congruentes con su voto de noviembre de 2012 y noviembre de 2017, volverían a votar en contra de la militarización del país o si aplicarían la reforma, porque estoy haciendo justicia en los bueyes de mi compadre”, remarcó.
Entre otros aspectos, el proyecto de reformas y adiciones a 12 artículos de la Constitución suprime la denominación de “institución policial de carácter civil” y define a la Guardia Nacional como “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.
Otorga asimismo a la corporación la facultad constitucional de investigar los delitos.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, señala.
Establece además que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad público.