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No obstante, advirtió: “A quienes han manifestado públicamente, que c
omo venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, esto
y dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la Ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.
Aseguró que su administración ha sido incómoda para “
quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, a ellos les resulta incomprensible y muy incómoda la acción de la fiscalía”.
En la conferencia, la fiscal recordó que en agosto de 2021, la explosión de una lavadora mal instalada en un departamento de un edificio ubicado en la alcaldía Coyoacán, dejó al descubierto una
inefable red de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por décadas por el PAN.
“
Pudimos corroborar que diversos inmuebles de reciente construcción en la alcaldía Benito Juárez presentan distintos tipos de anomalías e irregularidades, tanto en su construcción como en los permisos para su habitabilidad”, dijo.
Explicó que el denominador común era la omisión de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de cientos de inmuebles que podían soportar.
Dijo que la evidencia demostró que al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor
mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares.
Explicó que hasta hoy un exalcalde,
tres ex directores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora; así como
otros cinco ex servidores públicos con niveles altos y mandos medios son investigados.
Entre los investigados está
Santiago Taboada, quien ha manifestado su intención de buscar la candidatura a la jefatura de gobierno.
Además, agregó Godoy,
se han asegurado 60 inmuebles. “La corrupción tiene una dimensión material concreta, es tangible, nuestra investigación no es una
persecución política o fabricación de culpables, tampoco es un espejismo”, señaló.
Destacó que la fiscalía ha puesto al descubierto una
amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde el año 2015.
“
Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades, que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, concluyó.