“El sueño se convirtió en la peor pesadilla de mi vida”. El doctor brasileño Diego de Oliveira Souza llegó a México el pasado 27 de enero y fue deportado el sábado por la mañana a Colombia. En ese intervalo (casi 12 horas) –relató–, autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo encarcelaron, aislaron –sin contacto con su familia ni con el exterior– y lo despojaron de sus pertenencias.
Las autoridades mexicanas dijeron, primero, que era homónimo de alguien que es buscado por la policía; después, lo acusaron de tener visa falsa para ingresar al país, pese a que la tramitó el 23 de enero pasado, en el consulado general de México en Río de Janeiro.
Ya detenido, el investigador solicitó hacer una llamada –algo que contempla la Ley de Migración– o que las autoridades migratorias mexicanas contactaran al consulado o a la embajada de México en Brasil, pero no tuvo éxito. Tampoco pudo solicitar apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), institución en la que realizaría una estancia posdoctoral. Incluso presentó sus cartas invitaciones oficiales, firmadas por la institución académica, pero lo ignoraron.
El calvario también fue para su familia. Con él llegaron su esposa, hijos (de uno y tres años) y su suegra, quienes también fueron aislados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La UACM no pudo intervenir ni con un amparo, pues recibió el informe sobre el académico brasileño hasta las ocho de la mañana del sábado. Dos horas después, De Oliveira Souza ya había sido deportado junto con su familia, primero con escala en Bogotá, Colombia, donde, además, permaneció custodiado, bajo vigilancia, hasta el sábado por la noche. Posteriormente fue trasladado a Brasil.
Antes de subirlo al avión a Sudamérica, el académico señaló que fue obligado a firmar documentos sin la oportunidad de leerlos y sin tener una explicación formal de lo que estaba sucediendo. Tampoco le proporcionaron un traductor.
Académicos de la UACM, a través de una carta, exigieron el resarcimiento del daño psicológico, moral y económico que sufrió el doctor y su familia, y que se les libere de cualquier alerta migratoria para que puedan ingresar a México.
Los investigadores mexicanos acusaron que no es la primera vez que sucede un trato “discriminatorio” contra otros estudiantes sudamericanos. En un congreso del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en junio de 2022, sucedió lo mismo, también con estudiantes brasileños.
Dos académicas brasileñas fueron detenidas en el AICM y deportadas sin mayor explicación, mientras que ocho personas más (de Cuba y Colombia) fueron retenidas por periodos superiores a los previstos en la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó los casos y emitió recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), por violar los derechos de personas extranjeras a la seguridad jurídica, así como a la libertad personal y de tránsito, al detenerlas o deportarlas del AICM, pese a haber probado su ingreso legal al país.