El Gobierno federal recibió este domingo a la pareja afgana, compuesta por una mujer con siete meses de embarazo y un hombre, que había deportado el jueves en medio de críticas de asociaciones civiles internacionales.
“Hoy arribó a México, con solicitud de refugio, la pareja afgana que en días pasados había sido inadmitida”, informó en sus canales oficiales el Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El INM había expulsado a la familia el 14 de octubre con el argumento que “incurrieron en inconsistencias” al llegar al filtro migratorio el 13 de octubre porque “no acreditaron los motivos de su viaje”.
La inadmisión de la pareja despertó la condena de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch (HRW) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), que acompañó el caso de la pareja, que pasó estos días en el aeropuerto de Estambul, en Turquía.
“Después de días de incertidumbre y presión, hoy llegó a México la familia afgana con necesidades de protección internacional que el INM deportó a Turquía el jueves pasado”, expuso este domingo el Imumi.
Ante los reclamos, el organismo respondió que “no existía una solicitud previa de asilo ante la autoridad mexicana en el exterior”.
Argumentó que, tras su deportación, la pareja inició “un procedimiento oficial ante la autoridad mexicana en el exterior para obtener la condición de asilo, como debieron hacerlo desde un principio”.
Apenas el lunes pasado, el canciller Marcelo Ebrard exigió durante la cumbre del G20 a los talibanes “respetar” los derechos humanos de su población, e informó que México ha recibido a casi 1,700 afganos, en su mayoría trabajadores de medios de comunicación y sus familias.
Tras la caída de Kabul el 15 de agosto a manos de los talibanes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, responsable del INM, aprobó que “el asilo político sea concedido a personas de nacionalidad afgana que así lo requieran”.
Pero asociaciones civiles han acusado a los agentes del INM de racismo y violación de derechos humanos.
“Este caso es un ejemplo de la constate violación a derechos del INM”, sentenció el Imumi.