Porque la pandemia de COVID-19 no solo merma la salud de los mexicanos, también dará un fuerte golpe económico
La llegada de la pandemia de COVID-19 ha México ha traído un nuevo enfrentamiento entre algunos empresarios y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras el sector empresarial asegura que el mandatario les ha cerrado todas las puertas, AMLO asegura no hay ruptura pues simplemente no se ponen de acuerdo en el plan de rescate económico.
"Nosotros consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda; yo no considero que eso sea conveniente", dijo el mandatario.
Acá te contamos cómo va el asunto entre los empresarios y el mandatario entorno al COVID-19.
PRIMER ROUND
Todo empezó cuando el Consejo Coordinador Empresarial, una de las organizaciones patronales más grandes del país, pidió al gobierno de México facilidades tributarias para enfrentar los estragos del COVID-19.
Los empresarios solicitaron una moratoria de seis meses en la presentación de las declaraciones anuales, las cuales vencieron este 31 de marzo, la IP propuso pagarlos en 12 parcialidades y sin recargos.
El empresariado aseguró que con dichas opciones, se garantizaba el pago de salarios a sus empleados.
Esto, luego de que las autoridades dieran a conocer la jornada de Sana Distancia, donde solicitan a la población permanecer en casa y a las empresas de actividades no esenciales cerrar operaciones durante un mes, que no despidiera a empleados y que les respetara sueldos y prestaciones.
La respuesta del mandatario ante la petición de las empresas fue un rotundo no.
"Así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa la crisis. El no pago de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero ¿qué sucedió durante el periodo neoliberal? No hubo pago de impuestos y no hubo crecimiento”.
SEGUNDO ROUND
El gobierno mexicano aseguró que sí habría un plan económico para hacer frente al COVID-19, el cual presentó este domingo 5 de abril, el cual incluye apoyar a pequeñas empresas a través de créditos a la palabra, así como la ampliación de sus programas sociales.
Sin embargo, el plan no dejó contento al sector empresarial por considerarlo insuficiente.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex aseguró que lo anunciado por el presidente no era contundente y no ayudaba a proteger los empleos de millones de mexicanos.
Además, dijo que ignoró las peticiones y sugerencias de todo el sector empresarial.
"En el Sector Empresarial no pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Por ello, creemos que la crisis sanitaria y económica nos obliga a unirnos una vez más. Nuestro objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentando las bases para una recuperación inmediata; evitando que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia; y contando con recursos para continuar los programas sociales. Asimismo,deseamos incidir positivamente en las políticas públicas para beneficio del país, ya que México es de todos; y todos somos mexicanos", dijo el empresario a través de un comunicado.
Nuevamente, el mandatario aseguró que lo único que buscaban los empresarios era contraer deuda, por lo que volvió a rechazar las propuestas de la iniciativa privada.
ROUND TRES
Durante estas semanas, empresarios de distintas partes del país han sostenido reuniones con el mandatario, sin embargo, algunos sectores no han quedado conformes por lo que decidieron crear su propio plan de rescate.
"El sector no recibió respuesta por parte del Gobierno federal ante una situación que podría significar la pérdida de hasta 1 millón 200 mil empleos con una contracción del PIB de al menos 7 por ciento, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Al no tener una respuesta, buscaremos alternativas entre las diferentes actividades productivas, veremos cómo podemos encontrar fórmulas de que las cadenas de valor sigan operando, ver qué tipo de apoyos podemos darnos entre los empresarios”, dijo en una conferencia de prensa en la que explicó que se ha hecho una enorme convocatoria para todas las organizaciones empresariales del país.
Salazar sostuvo que abordarán las "opciones que nos quedan en la mano, que no es más que la solidaridad. Alternativas hasta donde podamos, aun sin la ayuda del gobierno, tratar de proteger de la mejor forma la problemática a la que nos estamos enfrentando”, comentó.
El sector privado considera que el gobierno federal les “cerró la puerta”, aun cuando no han solicitado exenciones de impuestos, sino prórrogas.
“El pedido del sector empresarial son prórrogas, que se dé el tiempo de 90 días para que las empresas no vean presionada esa liquidez. La propuesta de 90 días que hicimos al Ejecutivo es ver qué tipo de herramientas se pueden aplicar para cada mes, de qué manera en el sector empresarial creen que se deben proteger las diferentes industrias”, apuntó el presidente del CCE.
EL RESCATE
Tras la reunión empresarial, las grandes empresas del país determinaron ‘adoptarán’ por al menos un mes a firmas de menor tamaño para poderles cubrir necesidades como pago de salarios, generar apoyos entre proveedores, asesoría administrativa y procesos de digitalización.
El líder de la máxima cúpula empresarial dio la cara ante los empresarios mexicanos por la falta de resultados y en su intento porque el gobierno tome en cuenta sus propuestas para resolver la problemática de liquidez de los negocios.
De aplicarse el plan propuesto, el crecimiento del PIB aminoraría su caída a solo 2.5 por ciento o hasta podría quedar en 0.0 por ciento en lugar del 10 por ciento que se pronostica en algunos casos; la inflación podría mantenerse en el rango de 3 a 5 por ciento; la deuda en relación al PIB se ubicaría alrededor del 50 por ciento, y el desempleo se contendría a 400 mil plazas y no el millón 200 que están en riesgo.
“El objetivo ha sido proteger el empleo, el salario y los ingresos, sentar las bases para que después de 90 días podamos recuperarnos. Insistir que el problema es de liquidez, no de solvencia, no hemos pedido rescate de compañías”, enfatizó Salazar.
Reconoció que el distanciamiento con el gobierno fue marcado a partir de que el gremio dejó sentir su inconformidad por la falta de derechos y la decisión inconstitucional de cancelar la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali.
Y la cosa no quedó ahí, Salazar Lomelín pidió a los agremiados que si no están conformes con el mandato de AMLO, se organicen y para el 2021 pida la revocación de mandato.
"Por más comunicados que pueden lanzar sobre que se vaya, López Obrador tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática y dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció el Congreso, de hacer una revisión democrática. Ahí es el momento y si alguien cree que esa es la forma, por favor organícense", indicó en videoconferencia.
"Si eso es lo que todos queremos, unámonos, solo que debemos tener 30 millones de mexicanos detrás de nosotros", añadió en referencia a los votos que López Obrador recibió en las elecciones de 2018.
LA RESPUESTA DE AMLO
La reunión entre empresarios provocó una respuesta del mandatario, aunque seguramente no es la que esperaban las empresas, pues AMLO manó un mensaje a Carlos Salazar.
"Le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública, ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar a las Pymes (pequeñas y grandes empresas)".
Es decir, la postura del mandatario es la misma: no hay condonación de impuestos, habrá vigilancia para que las grandes empresas paguen y nada de contraer deuda de ningún tipo para hacer frente a la crisis.