La iniciativa presidencial recién aprobada por el Senado para adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propone otorgar fuero militar a sus integrantes, advierte la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esto implica que las acciones ilegales cometidas por elementos de la Guardia Nacional serán juzgadas bajo la justicia militar siendo que esta institución jurídica ha sido cuestionada ampliamente por prestarse a abusos y por permitir la impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas.
De acuerdo con los autores del texto, esto queda expresado en la adhesión de un párrafo al artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional:
“Sin perjuicio de lo anterior, el personal militar asignado a la Guardia Nacional continuará sujeto a la jurisdicción militar respecto de los delitos especificados en el Libro Segundo del Código de Justicia Militar que atenten contra la jerarquía y la autoridad”, reza el artículo.
Adicionalmente, remarcan, se proponen cambios a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que se reconozca como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea al personal asignado a la Guardia Nacional.
El fuero militar es una figura contemplada en el artículo 13 de la Constitución en la que se establece que los integrantes del ejército están sujetos a tribunales especiales que investigan y sancionan delitos que están relacionados con la disciplina castrense, explican los autores.
Sin embargo, esto no ha sido garantía para la obtención de justicia en casos de abusos por parte de militares.
De acuerdo con el informe Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México existen diversos problemas relacionados con el fuero militar que impiden que las víctimas puedan acceder a la justicia.
Entre ellos, las acciones de autoridades militares para impedir o retrasar las investigaciones que se llevan a cabo para que las sanciones puedan ser castigadas.
“La amenaza de aprobar leyes— como una Ley de Seguridad Interior que validaría la participación militar en la seguridad pública— que debiliten el sistema de justicia civil y otras reformas que serían un retroceso para el sistema penal acusatorio”, señala el documento.
Es por ello que la consecuencia más importante de la iniciativa presidencial es que todos sus efectivos queden sujetos a un sistema de justicia distinto que los coloca en un régimen especial, fuera del alcance de las leyes que regulan al resto de ciudadanos y fuerzas de seguridad pública