Un juez procesó a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por obstaculizar en 2014 la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).
“De acuerdo con la investigación, Mauricio ‘C’ y Patricia ‘G’, probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, detalló en un comunicado.
Los dos acusados, identificados por medios locales como Mauricio Cerón y Patricia Gómez, formaban parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR y fueron procesados por un juez de control de Ciudad de México que fijó un plazo de seis meses para que sean investigados.
Los dos funcionarios, que afrontarán el proceso en libertad, habrían perdido restos óseos hallados en el río San Juan, zona donde se investigó la desaparición de los 43 estudiantes.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Además de investigar el paradero de los jóvenes, las autoridades quieren juzgar a los responsables de la investigación en el Gobierno anterior, liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.