Viviana Salgado, la mujer que estuvo presa en Santa Martha Acatitla por presuntamente sabotear las vías de comunicación, luego de que se le cayeran a las vías del Metro las aspas de una lavadora, exige al Gobierno de la CDMX una disculpa pública y la reparación del daño económico y psicosocial.
“Al Metro ya no nos vamos a subir, tenemos miedo, ahora resulta que soy la delincuente número uno, y todo por ser pobre, por eso me mandaron a la cárcel, se ensañaron conmigo, fui su experimento en todos los problemas que tiene el Metro”.
La mujer que fue exhibida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como posible saboteadora, aseguró que enfrenta secuelas familiares, económicas, sociales y de salud, por lo que pidió a la Comisión de Derechos Humanos local investigar el abuso y violación de sus garantías.
“Enfrentar a las instituciones en desventaja y con las falsas acusaciones que me hicieron me dejó un estrés postraumático que a su vez, derivó en una complicación de mi estado de salud por hipertensión arterial, la cual, muy posiblemente ya es un padecimiento crónico”.
La afectada fue absuelta a finales de enero y dijo que el sobreseimiento de la acción penal que pidió el Ministerio Público al Juez de Control, es muestra clara del abuso de autoridad.
"Mi familia y yo ya no queremos usar el Metro porque me dejaron muy dañada con ese problema, soy una persona sin estudios y a lo mejor el gobierno se aprovecha que no se como defenderme ante ellos, una mujer humilde que no tiene estudios, no sé me mis derechos humanos, pero como mujer valgo mucho y como ama de casa”.
«Viviana Salgado»
El abogado Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de Viviana, destacó que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal sin las pruebas necesarias para imputar a la señora Viviana Salgado, lo cual es abuso excesivo de funciones desde la titular de la institución, hasta los ministerios públicos, que armaron la carpeta de investigación y los que hicieron la presentación ante el Poder Judicial.
Acusó que la mujer perdió su empleo, es motivo de estigma social y sus dos hijos fueron despedidos de su trabajo, lo cual dificulta aún más su situación familiar.
Por ello, pidió a Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, asumir su función de proteger a las mujeres y a las víctimas del abuso del poder y no encubrir por cuestiones ideológicas o políticas a quienes ejercen esa violencia so pretexto de aplicar la ley.