Porque siguen surgiendo irregularidades del gobierno de César Duarte
Un juez de control dictó este viernes auto de vinculación a proceso al exalcalde de Chihuahua, Javier Alfonso Garfio Pacheco, a quien es imputado el delito de peculado, en perjuicio de la administración pública estatal, por más de 400 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado dijo que este delito se cometió en septiembre del año 2012, cuando Garfio Pacheco se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de César Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua que se encuentra prófugo de la justicia.
En la Sala 1 de la Ciudad Judicial de Chihuahua, el Ministerio Público expuso una serie de evidencias incriminatorias que detallaban la participación del exfuncionario estatal en la compraventa de 16 predios ubicados en el ejido Labor de Terrazas, una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad.
Estos terrenos pertenecían al Estado y fueron tramitados mediante la Comisión Estatal de Vivienda e Infraestructura (COESVI), quien recibió 99 millones de pesos de la empresa Grupo Industrial y Constructor.
Ante esto, Eduardo Muñoz, abogado defensor dijo que existían múltiples inconsistencias en la carpeta de investigación, señalando principalmente la irregularidad en la constitución del consejo de vivienda en donde se fraguo dicho contrato, mismo que a decir de la defensa, no contaba con el quórum legal.
Al término de dicha exposición, Javier Garfio solicitó declarar ante la autoridad para decirse inocente de las acusaciones en su contra, apelando a la conciencia, profesionalismo e integridad del juez, y argumentando que en todos los puestos que ha desempeñado tanto en la iniciativa privada, como en el servicio público, jamás había recibido una señalamiento ya que, aseguró, siempre se condujo con honestidad y transparencia.
A pesar de ello, el juez dictaminó que se contaba con los elementos suficientes para formularle al imputado el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, declarando un plazo de cuatro meses para el término de las investigaciones y efectuar una siguiente audiencia que defina si Javier Garfio es responsable o no. Mentras tanto, el exfuncionario estatal continuará cumpliendo la prisión preventiva que el juez dictaminó como medida cautelar para evitar que evada la acción de la justicia.