Porque Guerrero es el estado con más candidatos asesinados desde septiembre de 2017
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, no desiste de su postura y aseguró que seguirá reuniéndose con los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, porque es necesario y no es violatorio de la ley.
Hace unos días el representante católico señaló que se reunió en la sierra de Guerrero con líderes de una organización delincuencial, quienes se comprometieron a no coaccionar el voto en el proceso electoral y a no asesinar a los candidatos que hagan campaña política en esa zona.
Autoridades y líderes de organizaciones sociales y partidos rechazaron la postura del prelado, sin embargo el obispo dijo que continuará con su labor de negociación con los delincuentes para lograr la paz.
Habló de su disponibilidad para ser interlocutor si ve “la necesidad de hacerlo”, o bien, si los feligreses o los delincuentes se lo piden. Y agregó “yo creo que podemos arrancarles un pedacito de voluntad a los malos”.
Rangel Mendoza afirmó que hasta el momento, solo cuenta con el compromiso de un grupo delictivo de no atentar contra candidatos y aseguró que lo que hace no está fuera de la ley porque es por el bien de la comunidad.
ABOGADOS PIDEN QUE EL CLÉRIGO DECLARE
Los integrantes de la Barra de abogados de Guerrero hicieron un llamado al fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para que cite a declarar al obispo.
“Hacemos un atento y respetuoso llamado al señor fiscal, a efecto de que inicie la carpeta de investigación correspondiente, y si el ciudadano obispo no acude a declarar en términos de lo que le obliga el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sea citado de manera oficial porque así lo dispone la ley”, dijo Victoriano Sánchez Carbajal, líder de los abogados.
Dijo que los posibles delitos en los que incurrió el obispo son encubrimiento y asociación delictuosa.
Además, agregó, todo líder religioso debe respetar la Ley de Asociaciones Religiosas, que en su artículo 21 bis señala que deberán informar a las autoridades sobre la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.