Los niños y adolescentes se han convertido en el objetivo de los grupos criminales en México, quienes son reclutados cada vez más jóvenes para entrenarlos en el crimen organizado, a cambio de un pago de hasta 35,000 pesos mensuales, una cifra muy superior a los salarios en el país.
De acuerdo con el estudio “Niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada”, elaborado por la organización Reinserta, esta nueva forma de operar va en aumento y no hay políticas públicas que detengan el fenómeno.
“Se cree que hay 30 mil menores de edad participando como espías, combatientes, cocineros y mensajeros’', comentó la cofundadora, Saskia Niño de Rivera, quien agregó que también hay más de 20 mil casos de homicidio doloso y 7 mil desapariciones de menores de edad en los últimos 20 años que podrían estar asociados, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El objetivo del estudio de Reinserta es diseñar una estrategia integral para que los menores de edad tengan opciones de desarrollo y descarten unirse al narcotráfico.
Para la investigación entrevistaron a 89 adolescentes privados de la libertad, 67 fueron miembros del crimen organizado en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.
Aun así, la activista advirtió de la falta de cifras oficiales del tema, porque no existen registros en las cárceles mexicanas de menores de edad detenidos por delincuencia organizada, sino que están presos de forma oficial por otros crímenes, como delitos contra la salud.
Una característica que tienen en común los menores es que crecieron en entornos violentos y familias disfuncionales, explica Reinserta.
Agrega que hay una relación entre la edad de deserción escolar y el ingreso a grupos delictivos, sin importar si se encuentran en un entorno rural o urbano.
En las entrevistas, los adolescentes detallaron que el reclutamiento por parte del crimen organizado se da a partir de dos dinámicas: invitación de amigos o familiares o por iniciativa propia. Sin embargo, se duda de la segunda opción, ya que debido a los contextos de los menores, se ven obligados.
La organización emite una serie de recomendaciones en políticas públicas, que abarcan entornos como familia, educación, cultura ciudadana, seguridad y justicia.