Porque la ASF detectó irregularidades durante la administración de estos exfuncionarios
Jesús Orta, exsecretario general de la Policía Federal (PF) y exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital, y otros 18 funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tienen diversas ordenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer lavado de dinero, mediante millonarios desvíos de recursos del erario.
También se busca a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la PF; y Carmen Patricia Quiñonez Piña, exdirectora Adjunta de Enlace Administrativo en la División de Fuerzas Federales de la PF.
Otro imputado es Carlos Hipólito Rivera, quien estuvo en la División de Fuerzas Federales y pasó a la Guardia Nacional como director general de Servicios Especiales, cargo del que ya fue cesado.
A ellos se les acusa de desvíos en la adquisición de equipo, omisiones fiscales e irregularidades en la administración de los recursos.
Las órdenes de aprehensión iniciaron con procedimientos concluidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por el sigilo legal del caso no se han dado a conocer con precisión en qué consisten las anomalías detectadas contra los 19 hoy prófugos.
Sin embargo, se sabe de diversos procedimientos que pudieron derivar en la imputación, entre ellas, las compras hechas entre en 2013 y 2018 de equipos de inteligencia y espionaje, en los que se detectaron pagos a sobreprecio, incumplimiento de contratos y triangulaciones indebidas de recursos.
En equipo de inteligencia se habrían hecho pagos por 480 millones de pesos; en la adquisición de tres equipos de intercepción celular y una póliza de servicio y garantía, se generó un quebranto por 172.2 millones de pesos.
Por la adquisición del Sistema Rafael se generó un quebranto también millonario; igualmente hubo desvíos en el ámbito administrativo como en materia de hospedaje, comida y gastos de representación que no fueron debidamente justificados.
Jesús Orta, considerado prófugo de la justicia, no tendrá opción de acceder a algún beneficio procesal como el criterio de oportunidad. El exsecretario de seguridad Pública de la Ciudad de México será encarcelado y, en esa condición, seguirá el proceso penal que le espera.
A los exfuncionarios se les imputa delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, el cual es considerado grave y para el cual se prevé la prisión preventiva oficiosa. A los exfuncionarios de la CNS y PF ni un amparo podría librarlos de la cárcel ni tendrán la posibilidad de seguir su proceso en libertad o negociar un criterio de oportunidad