El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Caderón, conocido como 'El Bronco' fue detenido este martes por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por presunto desvío de recursos por el caso conocido como las 'Bronco firmas'. Si no sabes de qué se trata, te explicamos.
Todo inició en 2018, cuando Jaime Rodriguez fue señalado de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas cuando buscaba la candidatura independiente a la presidencia de la República.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que su registro como candidato debido a que no se le respetó su derecho de audiencia y le perdonó la presentación del total de las más de 866 mil firmas necesarias.
En aquél momento, el Instituto Nacional Electoral aprobó una sanción económica de 739 mil pesos al detectar prácticas ilegales de financiamiento para la recolección. De acuerdo con el INE, Jaime Rodríguez Calderón habría recurrido al uso de recursos humanos y financieros por 12.8 millones de pesos.
Y es que utilizó a más de 571 empleados de gobierno en horas de oficina, recibió aportaciones económicas simuladas a través de personas físicas y de empresas incluso sin registros fiscales y sin capital, además de que también simuló casi un millón de credenciales para votar. La denuncia fue interpuesta por el entonces senador y actual gobernador de Nuevo León, Samuel García.
A esto se suma que, a finales de 2019, el Congreso de Nuevo León determinó que sí se utilizaron recursos públicos para conseguir las firmas que le permitieron competir en las elecciones. Ese mismo año, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) presentó una denuncia penal tras detectar que el programa Aliados Contigo, creado por el exgobernador realizó actividades político-electorales en 2018, en lugar de cumplir con las actividades que tenían asignadas.
El caso siguió avanzando y en 2021, el INE confirmó multas por 4.2 millones de pesos a 19 empresas y 18 personas físicas que aportaron y triangularon recursos para 'El Bronco'.
Por el caso, la Fiscalía del Estado cesó a 11 servidores públicos que presuntamente participaron en una recolección de firmas, entre ellos se encuentran un director, un Coordinadora de Área, tres agentes del Ministerio Público, dos agentes ministeriales, un perito, un auxiliar de investigación y un asistente.