El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que ya se prepara el dictamen de la iniciativa que busca sancionar a quienes recluten a niños y jóvenes para el crimen organizado.
Monreal Ávila compartió en redes sociales un mensaje en video, en el que detalló que también se preparan los dictámenes sobre la llamada “Ley de Cunas Vacías”, así como los proyectos para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de seguros y sobre trabajadores rurales.
El pasado 18 de octubre, Monreal Ávila presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ahí propuso imponer una pena de 10 a 20 años de prisión, y de mil a 20 mil días de multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquiera de los delitos contenidos en el Código Penal Federal y en las leyes federales; así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?
El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, precisa que “el consentimiento dado por la persona menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal”.
Además, plantea que el mínimo y el máximo de la pena aumente hasta en una mitad cuando se trate de personas menores de 15 años cumplidos; y cuando el delito sea cometido por persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación de parentesco, sentimental, afectiva o de confianza.
Igualmente, cuando el delito sea cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; y cuando se cometa contra niñas, niños o adolescentes en condiciones de orfandad, violencia familiar, discapacidad, pobreza extrema, situación de calle, migración, que pertenezcan a una comunidad indígena o hayan sido previamente víctimas de algún delito.