Tienen el Congreso, van por el Judicial y pretenden crear otra fuerza para asegurar un avasallamiento. El obradorismo afina la articulación de una red de medios a su servicio. La intención es transparente, mas no democrática.
Un gobierno democrático está obligado a la imparcialidad. Debe tratar a todos por igual. Simpatizantes o críticos, militantes u opositores, han de gozar de idénticos derechos, enfrentar las mismas limitantes. En un régimen así, no hay ciudadanos de primera y de segunda…
Porque no hay censura “menor”, la censura fue una marca del régimen anterior. Existe libertad de prensa sin adjetivos o censura. Y para que ocurra aquella se requiere de igualdad de condiciones, de no privilegiar.
Antes se censuraba con castigos y premios. Se limitaba el acceso y/o se pedía el cambio de fuente de quien fuera “incómodo” e incluso su despido; y se distribuía discrecionalmente el enorme presupuesto gubernamental para la propaganda.
Porque entre lo que no funcionaba adecuadamente previo al 2018 estaba el acceso equitativo a la publicidad oficial.
El régimen consentía a unos agentes mediáticos para limitar a otros. El injusto esquema era aceptado por actores mediáticos que nunca han querido crear un verdadero gremio. Perro sí comía (y come) perro.
En esos tiempos, paralelamente a exigir que el dinero público se distribuyera democráticamente, se dieron al menos otras dos luchas.
Una fue para que los medios más importantes no sirvieran de instrumento de la censura oficial y garantizaran acceso a, y coberturas equitativas de, la oposición; y otra fue para crear medios públicos de Estado, no de gobierno.
El avance hasta 2018 en esos objetivos es tan debatible, como polémico y nada halagüeño es lo que ha ocurrido a partir del triunfo de López Obrador ese año. Hay franca regresión en los medios públicos, y cero cambio en la discrecionalidad de los dineros y el acceso.
La mañanera del viernes 30 de agosto será caso de estudio para la materia de propaganda. Andrés Manuel develó ese día lo que ha construido estos años. Un sistema de propagandistas del obradorismo auspiciado no por el partido (o no solamente) sino desde el gobierno.
Si ese evento de “medios alternativos” hubiera ocurrido en la sede de Morena sería cosa harto interesante, pero sin duda legítima. Personas que deciden poner sus servicios profesionales a favor de una causa: el surgimiento del sector de propagandistas (que no periodistas) guindas.
Al haber ocurrido en un recinto oficial, con el Presidente de la República validando acceso y uso de recursos públicos de privados para causas partidistas, se violenta el valor democrático de la equidad, y de la separación entre partido y gobierno. Asuntos nada triviales aunque hoy suene a ingenuidad el subrayarlo.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum no honra el credo izquierdista de su origen político en términos de libertad de prensa, si también privilegia a propagandistas disfrazados de periodistas, atestiguaremos una singular regresión de medio siglo en la relación prensa-gobierno.
De ser cobijada por gobiernos morenistas, esta red de privados con acceso premium a actos oficiales (estatales o federales) constituiría un novedoso esfuerzo oficial para limitar el libre flujo de ideas y de información. Sí, un modo de censura.
El viernes presumieron su militancia. Bien por ellxs. Renunciaron pública, masiva y hasta entusiastamente a criticar al poder establecido. Que les den su carnet de Morena. Están en todo su derecho. Felicidades.
Mas quien no tiene derecho a enchufar, inequitativamente, a particulares a recursos gubernamentales, ni a la discrecionalidad al entregar publicidad oficial, ni a activar un sistema que limite la libertad de expresión es Claudia Sheinbaum. Cometería un error histórico.