Van tres argumentos para que a Rosario Robles se le deje enfrentar en libertad su proceso por las acusaciones de La Estafa Maestra.
El primero es que si la justicia no es pareja no es justicia.
En el reportaje conocido como La Estafa Maestra, que surge de los indicios aportados por la Auditoría Superior de la Federación, se expone un esquema de desvíos y desfalcos multimillonarios en el que participó al menos una docena de dependencias en aquellos primeros años del gobierno –es un decir– de Enrique Peña Nieto. La instancia en la que más desvíos se reportaban en la investigación periodística era Petróleos Mexicanos… dirigido por Emilio Lozoya Austin.
Bien a bien no sabemos cómo van las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre La Estafa Maestra. Pero sólo para comparar: si en el caso Odebrecht a Lozoya se le señala por haber recibido entre 2012 y 2014 sobornos por 10.5 millones de dólares (alrededor de 140 millones de pesos de la época), en La Estafa Maestra a Lozoya “se le perdieron” 3 mil millones de pesos de Pemex, o de los mexicanos pues. Como que sí tendría que aclarar eso, ¿no?
A Rosario también se le perdieron demasiados millones en Sedesol (2 mil en números redondos). Y tiene que responder por ello. Pero no desde una cárcel en tanto no tenga una sentencia condenatoria. Así que ¿por qué Rosario no puede estar en su casa, o en el Hunan, mientras no la encuentren jurídicamente culpable de lo que haya hecho, o dejado de hacer, en La Estafa Maestra?
Hay una segunda variante sobre el trato inequitativo. El oficial mayor de Rosario Robles en todo ese proceso fue Emilio Zebadúa, quien en su momento combatió las indagatorias en su contra y luego trascendió que habría entablado negociaciones con la FGR para colaborar en la investigación.
Si Gertz Manero de nueva cuenta aplicara con Zebadúa un criterio de oportunidad, algo andaría mal: esa figura se estableció en la ley para facilitar que piezas menores del engranaje de un presunto esquema delincuencial tuvieran incentivos para entregar a los maquinadores de los ilícitos, mismos que se habrían aprovechado de su alta jerarquía para descargar en eslabones menores el peso de las responsabilidades.
¿De verdad cree alguien que el oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu, que se paseaba con escoltas del Estado Mayor Presidencial, es un eslabón menor cuyo testimonio deba ser premiado? ¿Y sin reparar el daño? ¿A quién entregaría Zebadúa? ¿A su jefa? ¿O sea que Rosario lo obligaba a no reportar, ocultar u obviar desvíos multimillonarios? Órale. No vuela. Juicio justo para Rosario y para los Emilios. Pero para los tres, no sólo para los tocayos.
El segundo argumento es que siempre fue, por decir lo menos, poco aseado que el juez que encarceló a Rosario tuviera un parentesco con excamaradas suyos (René Bejarano y Dolores Padierna) que luego fueron sus adversarios. Debió excusarse el juez. No lo hizo. Puede corregirse esa situación aunque sea de manera tardía. De paso se evita otro importante sospechosismo: que Rosario sería víctima de una revancha incluso presidencial.
Tercero. Los grandes casos de corrupción deben combatirse de manera ejemplar. Ejemplar implica severidad, pero no sólo eso: esas causas judiciales deben ser un referente claro de que para castigar delitos la justicia nunca violenta la ley, ni incurre en abusos o excesos.
A todos nos conviene que las leyes se respeten. Y por eso Rosario debe enfrentar en libertad las acusaciones que hay sobre su paso por la administración peñista.