En esta historia, todos deberíamos estar con el compadre del presidente, no con Andrés Manuel López Obrador. Nos conviene.
El jueves Reforma dio a conocer en primera plana que Miguel Rincón, empresario de tiempo atrás, consejero del mandatario y novísimo compadre del Presidente, participaba en una licitación del gobierno federal cuyo fallo era esperado para ese mismo día.
En la mañanera, el presidente es cuestionado sobre el tema. Responde: “Es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo”. “No sé si legalmente esté impedido; si está impedido no puede participar, no podría participar”.
La reportera, de Reforma, insiste: “Pero le pregunto por el conflicto de interés, por la cercanía que tienen, personal”.
El presidente, a su vez, reitera: “No. Si legalmente no tiene problema, podría participar”.
Horas más tarde la empresa de Miguel Rincón gana por licitación –y a un precio más reducido que el original– un contrato para vender 221 millones de pesos en papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Al día siguiente, sin que mediara pregunta directa, López Obrador anuncia en la mañanera que tumbará el contrato.
“Quiero aprovechar de una vez porque no quiero dar ninguna oportunidad a la prensa conservadora, a la prensa fifí. Ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que se dedica a producir papel, que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre (…). Y hoy aparece en el mismo periódico que gana la licitación su empresa para vender el papel al gobierno (…). Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, de que voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia”.
En ese momento le preguntan a AMLO si “¿ese contrato se ganó legalmente?”
Él responde: “Legalmente sí, legalmente, no hay ningún problema; pero quiero pedir que se busque la forma, incluso hablando con Miguel para que, si legalmente no es posible, que él renuncie a su derecho y que me ayude en eso para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.
Quien celebre el anuncio de la cancelación como un triunfo de la prensa/sociedad/redes o lo que sea, estará incubando un mal enorme.
El Presidente de la República, ni con las mejores de las intenciones, puede subvertir la ley. Y se antoja un galimatías eso de que encontrarán el mecanismo legal para echar abajo un contrato… legal.
Flaco favor a la democracia hizo Reforma en esta ocasión. La nota que detona el caso carece del contexto necesario. El diario debió destacar el hecho de que BioPappel, la empresa del “compadre”, ha participado desde años atrás en contratos parecidos al de marras. Es decir: no es una compañía nueva, ni nuevos son sus contratos con un gobierno federal. A lo mejor es una mala empresa, o abusó en el pasado, o debería vender más barato, pero, sobre todo eso, hoy no es una empresa fantasma o impedida legalmente.
Reforma pudo usar el caso –a priori– para abrir un debate sobre la ley mexicana y sus alcances en temas de conflictos de interés. En vez de ello tendió sobre el asunto del “compadrazgo” una sombra de suspicacia que puede acarrearnos males mayores.
El presidente, originalmente, estaba en lo correcto: si no había impedimento legal, su compadre tenía derecho pleno a participar en la licitación. Y ganada esta, está obligado a honrar el contrato.
En vez de ello ahora tenemos cuatro problemas: indebidamente el Presidente pide a sus colaboradores que descarrilen un proceso que, hasta donde se sabe, no tuvo irregularidad alguna (no hay competidores quejándose, no hay denuncias ante el fallo). ¿Inventarán una argucia huizachera a petición del mandatario?
El segundo problema es que, en efecto, ahora sí el Presidente está pidiendo un favor a su compadre. Y los favores se pagan.
En tercer lugar, a un Presidente con aspiraciones centralistas se le aplaude la decisión de atravesarse en un proceso legal en el que él no está llamado a pronunciarse.
Pero el verdadero problema estriba en que se sienta un delicadísimo precedente. Hoy porque pensaron mal de él, López Obrador pretende cancelar una cosa que es legal y legítima. Y mañana, con la solvencia de que podrá presumir que no se anda con miramientos, incluso afectando a sus compadres, podría despachar cualquier ordenanza, legal o no, pertinente o no, simple y sencillamente porque él cree que es lo que conviene para no ser visto como “los de antes”. Qué peligroso, compadre.
Y de dejar a los niños sin libros de texto ni hablamos, pues la licitación ya iba tarde.