Mayte de las Rivas es activista ciudadana. Dirige La Voz de Polanco y más recientemente ella y sus aliadas lanzaron La Voz de la Ciudad. En los últimos días ha sido objeto de una campaña difamatoria. No sorprende, en temporada de reacomodos políticos gente como ella estorba.
Vivimos en una sociedad que, en términos generales, discute demasiado lo nacional, lo presidencial incluso, pero no suficientemente lo local. Sabemos mucho (o eso creemos) de quienes buscan la silla del águila y muy poco de las personas que encabezarán ayuntamientos o alcaldías. Y así nos va.
En 2024 se renovarán ayuntamientos en prácticamente todo el país. Cientos y cientos de alcaldías que serán disputadas por los partidos y, no olvidar, por los poderes fácticos, entre ellos los que tienen intereses inmobiliarios desmedidos. Y de los criminales de estas o aquellas letras, ni hablar.
Esa temporada electoral, en la que ya estamos inmersos a pesar de que la ley dice otra cosa, se presta para alianzas espurias.
En no pocas elecciones, políticos que requieren dinero y apoyos en especie para burlar unos límites de gastos electorales que son pura simulación, negocian con entes que con tal financiamiento o respaldo compran acceso e influencia en quienes resulten ganadores.
La ciudadanía votará sin advertir esos enjuagues, pero más pronto que tarde comienza a salir el peine. El cambio de una ley, la aprobación de un polémico permiso, la incorporación al gobierno o equipo de algún perfil inusual dan pistas de los intereses a los que se están pagando favores.
En ocasiones es la prensa la que descubre esos indicios. Pero en el plano local los vecinos son insuperables centinelas a la hora de detectar que algo se trama en contra de sus intereses, su entorno o el marco legal.
Mayte de las Rivas y Maritere Ruiz, así como otras activistas de lo urbano como Josefina MacGregor y Mónica Tapia, o Mario Rodríguez e Isidro López, por sólo mencionar a algunos chilangos, se toman en serio el cuidado de su colonia y ciudad. Es una chamba política no menor y sin pago.
La especulación inmobiliaria mueve multimillonarias sumas en los centros urbanos y en no pocas poblaciones de México. Y frente a ella sobran políticos –y no nada más panistas– que en el menos peor de los casos actúan con docilidad, y en el peor son cómplices traicionando a sus gobernados.
Con la ley en la mano –tema que no es trivial pues esas normas están llenas de recovecos e implican a su vez demasiados programas y una maraña de autoridades con más o menos injerencia en permisos y supervisiones–, ciudadanas como Mayte defienden su calle, su barrio, su ciudad…
Este no es un asunto de “unas señoras ricas” de Las Lomas o del sur de la ciudad de México. La defensa del territorio lleva a la muerte cada año a demasiadas personas en zonas de valor ambiental, y en los centros urbanos supone el acoso a esas activistas vecinales y hasta a periodistas.
Comprometerse con la defensa de lo que dicen leyes y planes urbanos sobre uso de suelo, acceso a servicios, ruido de establecimientos, movilidad, manejo de desechos, agua… no paga sino dolores de cabeza, animadversión de constructores y restauranteros abusivos y campañas difamatorias.
El juego nacional del tapado es aprovechado por diputados locales y alcaldes de todos los partidos para pagar y comprar apoyos con polémicas reformas urbanas –como hoy en el Congreso capitalino–. Ahí y no en Palacio Nacional se da la primera batalla política. Y para esas luchas hacen falta Maytes.