Si cancelar el aeropuerto de Texcoco fue un manotazo con el que se pretendió que empresas y políticos entendieran que la centralidad del poder residiría sólo en AMLO, en términos de política social el sexenio se inauguró con la pensión de adultos mayores generalizada, pero sobre todo al cancelar las estancias infantiles.
El NAIM se canceló mediante una consulta popular ilegal que dio espectacularidad y cierta legitimidad mediática a esa decisión; en cambio, desaparecer las estancias fue de un plumazo, al que ante las protestas de madres usuarias, prestadoras de ese servicio, expertas y ONG se le quiso revestir de justificación, alegando que en esos centros infantiles había corrupción.
Cancelar las estancias infantiles de la exSedesol –lo que ocurrió al quitarles el presupuesto en la primavera del 2019– estableció el canon no intermediarista, por no llamarlo paternalista, de la actual administración.
Sólo el Presidente daría recursos o apoyos, y éstos no serán tercerizados en su dispersión: todo programa tiene como único actor a la Federación, y nadie le puede ayudar en esa tarea (ejemplo extremo de esta forma de operar son los llamados Bancos del Bienestar, que incluso son construidos por el Ejército).
López Obrador desconfía no sólo de las organizaciones sociales que a lo largo de las últimas décadas llevaron ayuda a donde el Estado no podía: incluso reniega de organismos gubernamentales que fueron añadidos a la estructura burocrática para atender problemáticas o agendas concretas. En el mejor de los casos las ve como redundantes, en el peor como inventos del régimen anterior para garantizar privilegios (sic).
El hecho es que hoy, cuando leemos que el gobierno decide cancelar programas como Escuelas de Tiempo Completo y lo mismo cuando se insiste en que se hará una poda de organismos –el Conapred pasaría a Segob, mientras el Injuve a la Secretaría del Trabajo, por ejemplo– tenemos que consignar que no estamos ante una lógica de optimización de esas ayudas, y ni siquiera ante un recorte disfrazado de reorganización. Estamos frente a un atentado en contra de las y los pobres.
Contra la evidencia de que Escuelas de Tiempo Completo ayudaban a madres, maestros y, por supuesto, a niños a navegar mejor las adversidades, el Presidente cree que sólo él sabe lo que conviene.
Pero su récord no dice lo mismo. Por ejemplo, el negligente desabasto de medicinas que va para tres años: fue provocado por la soberbia y la improvisación –y, otra vez, por desconfiar paranoicamente de toda estructura gubernamental lo mismo que de todo actor particular–. Pero, por desgracia, no es la única consecuencia negativa de la inoperancia lopezobradorista en términos de gobierno en salud: crearon por decreto el Insabi pero no han podido –ni podrán– echarlo a andar.
Y por la desaparición del Seguro Popular, en sólo dos años (2018-2020) 15.6 millones de personas cayeron en la categoría de carencia por acceso a la salud.
López Obrador decidió concentrar toda acción gubernamental en su persona, no pocas veces anulando incluso a sus secretarios (como el jueves, que al presentar resultados económicos en Palacio lo hizo alguien de su oficina, no el titular de Hacienda ni un subsecretario).
Según Andrés Manuel, con recortes de organismos, convenios de colaboración y programas habría más dinero para los pobres y menos corrupción. Pero la realidad es que ha activado un modelo que podría generar clientelismo (muy oportuno electoralmente) pero también más carencias; uno que desaparece sin ton ni son –ni justificación fundamentada– apoyos educativos para familias marginadas.
Él encabeza un gobierno que se dijo para los pobres… que actúa contra los pobres.