Es un déjà vú imposible de obviar.
A Andrés Manuel López Obrador le gusta crear todo tipo de condiciones para seguir avanzando su agenda, incluidas las que rayan en lo inconstitucional.
Lo vimos con la reforma eléctrica –rechazada por la oposición–, y lo vemos ahora con la Guardia Nacional.
El Presidente anunció ayer que buscará, por decreto, que ese cuerpo de seguridad se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras palabras: dar un barniz de legalidad a lo que ha sido un hecho todo el sexenio: esos uniformados nunca dependieron ni obedecieron a mando civil alguno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El anuncio llega más de un año después de que el mandatario informara que ésta era una de las tres iniciativas de reforma constitucional que buscaría. La tercera es la electoral.
¿La declaración de ayer significa que AMLO se desiste de intentar pasar en el Congreso la reforma para militarizar la Guardia Nacional? De ninguna manera.
Porque lo que el Presidente quiere es armar su consabido 1-2.
El paso 1 es que la iniciativa seguirá su ruta en el Congreso porque el tabasqueño considera que gana incluso perdiendo.
Para empezar, porque una reforma de este corte no está condenada al fracaso. Una cosa es que Morena no tenga los números en las bancadas para juntar de inmediato las dos terceras partes necesarias para una reforma constitucional, y otra es que Palacio Nacional haya renunciado a romper el no de la oposición.
Desde hace semanas se comenta que legisladores de Jalisco y Nuevo León estarían ya apalabrados para, llegado el momento, ir junto con la Federación en esta reforma. Los gobiernos de esos estados, surgidos de Movimiento Ciudadano, tendrían claro que requieren la cooperación de las Fuerzas Armadas –más incluso que de la Guardia Nacional– para enfrentar sus retos de inseguridad, así que no querrían darse el lujo de complicar su diálogo con la Defensa.
Con los votos naranjas no alcanza para sacar la reforma, pero se rompe la negativa en bloque de la oposición y, por ende, otros legisladores de ésta tendrían mayor costo al negarse a lo que pretende el gobierno federal en esta materia.
Y si a pesar de ello el Presidente fuera –como con la eléctrica– derrotado, argumentará que él lo intentó por la buena, y sacará raja política a esa “derrota” frente a sus “retrógradas” e “irresponsables” adversarios.
Pero esa eventual “derrota” será subsanada con lo anunciado ayer. Al promulgar un decreto, que previsiblemente será respondido judicialmente por legisladores u otro actor con personalidad para ello, López Obrador se da el margen necesario para actuar durante meses, pues esos procedimientos no se tramitan ni resuelven en semanas.
Exactamente así ocurrió en el tema eléctrico: en el Legislativo dio una batalla política-propagandística, pero en la Corte se aseguró de crear para sí un limbo que hoy le permite hacer prácticamente todo en ese mercado.
Porque el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y no pocos ministros de la misma, comen de la mano del titular del Ejecutivo. Así que nadie puede descartar que, llegado el momento de atender un reclamo de inconstitucionalidad frente al decreto, ese poder le regale al tabasqueño, primero, un limbo de muchos meses para que la Guardia Nacional opere sin problemas y, segundo, hasta una resolución a modo que hoy no podemos prever.
Así es AMLO. Genera un caos en el que él se siente cómodo, mientras sus adversarios –a pesar de todo lo que hemos visto estos cuatro años– no pueden evitar mostrarse descolocados. Otro 1-2.