Tanto con Donald Trump como con Joe Biden, para México el tema crucial de la relación con Estados Unidos es la migración no mexicana hacia ese país. La pregunta es quién lleva esa agenda ¿Marcelo Ebrard como fue al arranque del sexenio? ¿La Sedena a través de la Guardia Nacional? ¿O el nuevo secretario Adán Augusto López Hernández?
Desde finales del gobierno peñista, Washington escaló las presiones para que México detuviera a migrantes. Trump lo hizo desde el momento mismo de asumir la Presidencia, por ejemplo con el tema del muro en una llamada con Peña Nieto en enero de 2017, y eso siguió incluso en la transición entre EPN y Andrés Manuel López Obrador, cuando en octubre de 2018 amenazó con cerrar la frontera.
De esas presiones se heredó, y se aceptó en el actual gobierno sin mucho rechistar, el programa Quédate en México, que impide a los solicitantes de asilo esperar en suelo estadounidense el trámite de su petición. Un juez estadounidense ordenó hace semanas que se restaure esa iniciativa.
Pero las demandas trumpistas provocaron también un inédito traslape en las responsabilidades gubernamentales: la administración de López Obrador cedió el control del Instituto Nacional de Migración (Inami) a la Secretaría de Relaciones Exteriores en detrimento de Gobernación, e igualmente le dio entrada a esa agenda, como nunca antes, a la Defensa Nacional.
Como candidato AMLO planteó un enfoque de derechos humanos y desarrollo regional en Centroamérica para atajar la inmigración que atraviesa México rumbo a Estados Unidos. Con ese encargo llegó al Inami el estudioso Tonatiuh Guillén. Pero su paso fue fugaz.
La salida de Guillén, ocurrida en junio de 2019, se explica porque las riendas de la operación del Inami fueron entregadas a Marcelo Ebrard, que desplazó a Olga Sánchez Cordero.
Una serie de reuniones de aquel primer semestre del primer año de AMLO, convocadas para ajustar las políticas del Inami a lo que Trump ordenaba a Ebrard, dejaron en claro que la secretaria de Gobernación no iba a pesar. Auxiliado por algunos personajes singulares, el canciller asumió un rol que la ley no le otorgaba, pero López Obrador guardó las formas publicando en septiembre un acuerdo para darle a Marcelo autoridad al respecto.
En los hechos, ese acuerdo sólo formalizaba la injerencia de Ebrard, que desde la transición metió la mano en el tema, logrando que la visión persecutoria de inmigrantes se interiorizara en el gabinete, en contra de lo que decían Olga, Alejandro Encinas, encargado de Derechos Humanos de la Segob, y Guillén. El argumento de Marcelo es que las presiones de Trump eran muy fuertes y su comportamiento, de no atenderlas, impredecible.
Hoy, que las imágenes cotidianas son de cacería de familias de inmigrantes en Chiapas, cabe preguntar quién manda en el Inami. ¿Marcelo con su acuerdo? ¿O la Sedena, a través de la ley que dio origen a la Guardia Nacional y que permite a ésta operativos antiinmigrantes? Sobra decir que de visita en Chiapas, el general secretario declaró el 27 de agosto, ya en medio del resurgimiento de las actuales caravanas, que tienen como “principal” objetivo “detener toda la migración”.
La dupla Ebrard-Sedena, sin embargo, tiene nueva compañía. El nombramiento de Adán Augusto en Gobernación supone, ya lo hemos visto, que por primera vez en este gobierno habrá en Bucareli alguien que sí asuma el puesto. ¿Eso implicará que le regresarán a Segob la definición de la política migratoria?
La pregunta no es retórica: ante los flagrantes abusos contra los migrantes, a quién hacemos responsable: ¿a Ebrard, a Adán o a la Sedena?