No se trata de hablar bien de los vapeadores, incluso no se trata de los vapeadores.
La decisión de prohibir los vapeadores tendrá implicaciones para la salud y el imperio de la ley; por si fuera poco, compromete la obligación del Estado de procurar el mal menor y salvaguardar libertades.
Habrá quien piense que este cambio constitucional es una raya más al tigre, que frente a barbaridades como la reforma judicial, el prohibir los vapeadores es peccata minuta; incluso habrá quien diga que está mal, pero a final de cuentas es un producto que daña la salud.
Resignarse a la política de motín no es una actitud democrática. El qué importa, los cómos también. Y por la forma en que cancelan los vapeadores, preguntemos, para empezar, luego qué querrá prohibir caprichosamente Morena.
Un gobierno que se dice de izquierda decide que las y los ciudadanos no deben poder decidir si utilizan un producto asociado a la cultura de fumar/inhalar/consumir tabaco.
¿Por qué los vapeadores y no todo el tabaco? Al tramitar la iniciativa heredada a Claudia Sheinbaum las y los legisladores oficiales no se preocuparon de explicar, de convencer, de contestar eso. Si se vuelve costumbre no cuestionar, luego no nos quejemos de otras imposiciones.
El hecho es que en la Constitución quedará prohibida la comercialización de los vapeadores. ¿Eso impedirá que se utilicen? No. ¿Eso limitará el daño a la salud de quienes consumen tales productos? Al contrario, aumentará los riesgos por esa práctica.
La decisión de Morena generará mercado negro, es decir, abre oscuras puertas.
Los vapeadores entrarán al submundo de las drogas prohibidas: sus consumidores serán entregados a quienes tienen experiencia en contrabando y/o tráfico de productos ilegales. Los líderes de esos grupos segurito están de fiesta, con champaña, y no de la adulterada.
Y no sólo los líderes delincuenciales que introducen, transportan o venden productos prohibidos. También, y para este caso es muy relevante, aquellos que, dado que el Estado prefiere cancelar que regular, decidirán entrarle a “producir” vapeadores.
¿El gobierno incentiva el emprendedurismo? Para nada. El gobierno dice, vendas el producto que vendas, con más poder adictivo, con aún mayores riesgos sanitarios, tú date a introducir vapeadores de todo tipo, al fin que si no puedo con el fentanilo, imagina si podré contigo.
En vez de dejar al adulto en libertad de decidir si usa un producto nocivo, abrogándose el gravar con alta tasa ese hábito, para que compañías y consumidores abonen por eventuales costos sanitarios de ese consumo, el gobierno nos mete a todos en un nuevo problema.
Las y los adolescentes no deben fumar. Que no lo hagan es una responsabilidad compartida de gobierno, empresas y sociedad. En ello deben emplearse todo tipo de recursos, y procurarse sanciones a quienes comercien sin escrúpulos.
En el caso de la gente adulta, un gobierno ha de promover la cultura de la prevención, hábitos saludables e implementar una dura regulación que vigile el cumplimiento de normas y el pago de cuotas por productos que eventualmente saturarán más el sistema sanitario.
Prohibir es propio de pacatos gobiernos de derecha. Prohibir a sabiendas de que se perderán impuestos, de que se deja al consumidor en manos de la economía informal o incluso criminal, es renunciar a la obligación de gobernar para el bien común. Prohibir cuando el Estado de derecho más estresado está, o sea que menos capaz será de vigilar lo que ahora se prohíbe, es una aberración.
No se trata de hablar bien de los vapeadores, sino de que lo que hace el gobierno sólo empeora las cosas.