En el mismo mes en que el Congreso de la Unión abrió la posibilidad de reducir la criminalización del consumo de cannabis, los legisladores de Morena preparan una bola rápida que podría coartar al máximo la venta del tabaco en cualquiera de sus presentaciones. Así que mientras parecía que por fin México arribaría a un mundo donde cada quien decide si se mete o no mariguana, se fragua una ley para limitar la libertad de fumar cigarrillos convencionales o electrónicos.
Fue un poco surrealista ver que en la tribuna de San Lázaro, hace días, se hablaba de liberalizar la mariguana como si estuviéramos dando un paso gigante y no apenas corrigiendo un atraso (de hecho, los diputados ni siquiera cumplieron cabalmente lo que les impuso al respecto la Suprema Corte de Justicia, pues se siguen dejando espacios a la criminalización o a la discrecionalidad de las policías).
Algún día consumir mariguana será como ir a la licorería por un tequila o un whisky. Algo público, regulado y que paga impuestos. O no, porque en una de esas la mariguana se queda en un limbo mientras en el horizonte lo que se avizora es un intento gubernamental de un drástico tutelaje en el acceso al tabaco y sus derivados.
Circula desde inicios de semana en las comisiones de Salud y Economía un proyecto de iniciativa que, entre otras restricciones, busca que los cigarros no puedan ser mostrados en los puntos de venta –se tendrán que guardar lejos de la vista–; asimismo las cajetillas tendrían un empaquetado único: sí, nada de distintivos, ni siquiera tonos cromáticos; mismo color y misma tipografía. Usted no podrá saber con sólo mirarlos sin son Delicados o Camel. Todas las cajetillas serán genéricas. Y del vapeo y similares, nada: prohibidos.
Claro que el tabaco tiene efectos perjudiciales. El alcohol también, por cierto. Y otras sustancias que alteran el ánimo. Pero la inquina contra el tabaco parece más una cruzada de este gobierno en donde parece claro que no buscará ni un debate informado, ni negociación con todos los sectores involucrados.
Productos como el alcohol o el tabaco tienen efectos secundarios que luego pagamos todos. Enfermedades que pueden sangrar presupuestos públicos por atención sanitaria. Combatir esas consecuencias se hace, en los países más avanzados, tasando mayores impuestos a tales productos, alejando la publicidad de los niños y dejando que sólo adultos sean quienes deciden si consumen o no los mismos.
Al mismo tiempo, hay larga experiencia de que hacer demasiado restrictivo el consumo de esas mercancías sólo lleva a incentivar un mercado negro de las mismas y, por supuesto, empoderar a mafias contrabandistas en un país que, como México, no necesita dar más incentivos a los criminales.
Si hay algo que revisar de la regulación del tabaco y sus derivados, que se haga, para eso es el Congreso. Pero está medio raro que en el gobierno que se queja de “ideas” venidas del extranjero, haya una versión que asegura que la iniciativa que circula fue redactada por una ONG internacional. ¿O sea que ni la chamba hicieron en casa? Si ya había antes proyectos de iniciativa de varios partidos, ¿por qué no sumar lo mejor de cada una de ellas?
Este asunto demanda encontrar un equilibrio entre mercado –¿o quieren golpear a las miles de familias que dependen de esos productos legales, incluidos los autoservicios?–, responsabilidad sanitaria y libertades.
Ojalá Morena no vuelva a las andadas: que no apliquen sabadazo, que no se crean que ellos son los únicos que saben lo que nos conviene a todos.